Por Germán Holguín Zamorano
Este dato, proveniente de la OMS, es
sobrecogedor. Significa que mientras usted lee esta nota, alrededor de
100 seres humanos dejarán de existir en nuestro planeta, por no tener
acceso a medicinas necesarias.
Pero no
crea que este es un problema exclusivo de los países más pobres, como
Sierra Leona, Afganistán o Haití. No. Porque el principal origen de la
falta de medicinas no está en la pobreza sino en las patentes
farmacéuticas, que otorgan a las farmacéuticas multinacionales el
privilegio del monopolio en la producción y comercialización de
medicamentos, lo que les permite cobrar por sus productos precios
abusivos, inalcanzables para cualquier sistema de salud y para quienes
deben pagar los productos de su bolsillo, como es común en países en
desarrollo.
Por eso
América Latina no es excepción en medio de este drama. Allí, 125
millones de personas carecen de acceso permanente a los servicios
básicos de salud, en buena parte debido a los altos precios de las
medicinas derivados de las patentes, lo que se traduce en cerca de 80
muertes evitables cada hora.
Tampoco
es excepción Colombia, donde según datos oficiales, a pesar de haberse
logrado una cobertura casi universal del sistema de salud, la tercera
parte de los medicamentos que se prescriben no llegan a los pacientes,
con las consecuencias inherentes en términos de enfermedad y pérdida de
vidas.
Para enfrentar, entre otros, este problema, fruto de la ambición humana, durante la VIII Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (2013), 120 países aprobaron la “Declaración de Helsinki sobre Salud en Todas las Políticas”,
que hace un llamado a todos los sectores gubernamentales a reconocer
que la salud es una obligación fundamental del gobierno de cada país
frente a su ciudadanía y que su cumplimiento no es responsabilidad
exclusiva del sector salud sino de todos los sectores, y recomienda a
éstos promover políticas para el mejoramiento de la salud y abstenerse
de políticas y prácticas que puedan afectarla negativamente.
La
Declaración reconoce que los gobiernos tienen una serie de prioridades,
como el comercio y la política exterior, en las que la salud y la
equidad no obtienen prioridad automáticamente, y les hace un llamado a
que aseguren que las consideraciones de salud se tengan en cuenta de
forma transparente en la formulación de políticas.
Es claro
que si los países honraran esta Declaración, el problema de la pérdida
de vidas humanas por falta de acceso a medicinas no sería tan grave pues
los gobiernos impedirían el patentamiento de medicamentos prioritarios
para la salud pública o tomarían las medidas necesarias para asegurar la
utilización plena de las salvaguardas de la salud pública consagradas
en la normativa internacional para controlar los abusos de los titulares
de las patentes, entre las cuales ocupan lugar preferencial las
licencias obligatorias, cuya finalidad es permitir el ingreso al mercado
de versiones genéricas de medicamentos patentados para bajar los altos
precios de monopolio a niveles de competencia y mejorar el acceso.
En el
caso colombiano, es seguro que el Presidente y su Ministra de Comercio
se hubieran abstenido de expedir el Decreto 670 de 2017, que elimina la
posibilidad de controlar los precios de medicamentos declarados de
interés público y hace casi imposible en la práctica el ejercicio del
derecho a otorgar licencias obligatorias, con lo cual ignoraron
olímpicamente la Declaración de Helsinki, a la que el país adhirió en su
momento, y colocaron los intereses comerciales de un puñado de
multinacionales farmacéuticas sobre el derecho fundamental a la salud y
la vida de los colombianos.
Es
nuestra esperanza que algún día usted pueda releer este artículo con la
tranquilidad de saber que mientras lo hace no se está registrando en el
país ni en la región ni en el mundo ni una sola muerte evitable.
