actualidad.rt.com.- Esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, reconoció públicamente que Venezuela fue suspendida del Mercado Común del Sur (Mercosur) porque era "un factor de obstáculo"en las negociaciones que el bloque está llevando adelante para establecer un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE).
Para
el periodista y analista internacional Julián Aguirre, radicado en
Venezuela, "declaraciones de ese tipo" se inscriben en el mismo sentido
que el "intercambio reciente que tuvo Mauricio Macri
con la administración de EE.UU., en el cual él dio su palabra de
comprometerse a ejercer mayor presión" sobre la República Boliviariana.
También los pronunciamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, "en los que reprende a la oposición por participar
en las elecciones y dar legitimidad a la institucionalidad venezolana".
Según sostuvo Aguirre en entrevista con RT, "se trata de una acción diplomática concertada, con el objetivo de mantener en vilo al Gobierno de Venezuela".
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Por
su parte, Fernando Vicente Prieto, columnista de Telesur y miembro del
espacio ALBA Movimientos, que nuclea a organizaciones sociales de todo
el continente, completó: "Es un acto de sinceridad el del canciller de
Brasil, que pone a las claras cuáles eran los objetivos diplomáticos por
los cuales se expulsó a Venezuela".
Los TLC y su peligro para los pueblos
Los
TLC no son algo nuevo en América Latina. Vicente Prieto apuntó que hace
"muchos años" que EE.UU. y las principales potencias vienen tratando de
impulsarlos. Según explicó, se trata de un tipo de acuerdo "controlado por grandes empresas que lo que hacen es cartelizar los diferentes sectores".
Las
compañías transnacionales "impulsan este tipo de acuerdos entre Estados
para impedir que los países ejerzan su soberanía y puedan regular su
actuación". En general, apuntan a "tirar hacia abajo las regulaciones
laborales" para que las empresas puedan reducir el llamado "costo
laboral", con lo cual las poblaciones "pierden derechos", añadió el
experto.
Finalmente, resaltó que también "perjudican la producción nacional",
porque la escala de países como EE.UU., los integrantes de la UE o
China "hace que sus costos sean mucho más baratos", y de esa forma "es
imposible competir". Sus principales beneficiarios son entonces "las
empresas importadoras", lo que consolida el rol de los países
periféricos "como exportadores de materias primas".
Negociaciones de larga data
La
primera vez que el Mercosur y la UE se sentaron para discutir un
posible TLC fue en el año 2000. La iniciativa tenía el objetivo de
contrarrestar el proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA).
Poco
después, el acuerdo "se paralizó por los cambios políticos
experimentados en la región a partir de la crisis neoliberal", subrayó
el sociólogo José Seoane. El también integrante del Grupo de Estudios de
América Latina y el Caribe (GEAL) añadió que, sin embargo, ha sido
retomado "en los últimos años ante una nueva ofensiva neoliberal".
En
la misma perspectiva, Aguirre apunta que hoy día el Mercosur está
"lamentablemente encabezado" por "los nuevos gobiernos de derecha de
Argentina y Brasil". Además, se encamina a un acuerdo que "tendrá consecuencias críticas y con resultados muy malos para las economías sudamericanas".
Secreto y antidemocrático
Como
la mayoría de los tratados comerciales, el que ahora negocian los
bloques sudamericano y europeo es en gran medida secreto. "No se
conocen, a pesar de que ya están en el último tramo, los borradores ni
los puntos de acuerdo", cuestionó Seoane. El especialista remarcó que
esto resulta más preocupante porque, debido al "carácter de la normativa
internacional", sus estipulaciones se van a imponer por sobre "las
legislaciones nacionales, los Estados y hasta las Constituciones de los
países".
Esto pone de relieve su
condición "antidemocrática", y por eso "no es casualidad" que las
"redes, movimientos y organizaciones que se pronuncian críticamente
reclamen la apertura de los borradores y una discusión pública", añadió. La exigencia, incluso, es que el TLC sea sometido a "mecanismos de plebiscito o referéndum para que pueda aprobarse".
Lo poco que se sabe
A
pesar del carácter hasta ahora secreto de los pormenores del acuerdo,
algunas de sus claúsulas se han ido difundiendo. Y si eso no bastara,
señaló el miembro del GEAL, se puede también prever de qué tratarán sus
puntos esenciales con sólo examinar "los acuerdos que ha adoptado la UE
con otros países latinoamericanos en los últimos años".
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Con
los TLC no se trata "sólo de un acuerdo de reducción arancelaria y
favorecimiento del intercambio comercial". También implican otros
puntos, que tienen que ver con la "protección de las inversiones
extranjeras", a las que se brindan "iguales derechos y seguridad
jurídica" que a los capitales nacionales; permiten que se realicen "compras del sector público"
por parte de privados; y suponen un "proceso de apertura" a las grandes
compañías en el sector de servicios, lo que trae "efectos dañinos en la
Salud y la Educación, profundizando los procesos de privatización".
Finalmente, incluyen un capítulo de propiedad intelectual
que "da preeminencia a las transnacionales farmacéuticas", lo que
tendrá un "posible impacto en la elevación de precios y el recorte de la
capacidad estatal para producir medicamentos a bajo costo", enumeró
Seoane.
Además, complementó Aguirre, "el
ingente ingreso" de bienes y servicios europeos por la vía de las
importaciones "desplazaría o pondría en crisis a varios sectores, en
especial a los relacionados con las manufacturas y las industrias
livianas". Algo que en los hechos supone "procesos de desindustrialización".
Consultado
sobre los argumentos esgrimidos por los gobiernos para defender esta
política, el integrante del GEAL detalló que "la justificación" que se
proclama son "las ventajas que daría al sector agrícola" sudamericano.
Sin embargo, no está claro cuáles serán "los compromisos" que estaría
dispuesta a aceptar la UE "en términos de su política de protección y
subsidios".
Y aun si esto último alcanzara puntos significativos,
"la producción agropecuaria, tanto en Argentina como en Brasil, está muy
concentrada, con lo cual los beneficios quedarían muy restringidos a
ciertos sectores". En definitiva: "El acuerdo tiene todos los
componentes del viejo pacto colonial que refuerza las asimetrías entre el centro y la periferia", concluyó.
