(Xinhua) - Un organismo de trabajo del máximo órgano
legislativo de China ordenó la anulación de una serie de ordenanzas
locales relacionadas con marcas comerciales que contradicen la ley de
marcas registradas del país.
La Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional (APN) dijo en un comunicado hoy lunes que ha
llevado a cabo la revisión de una serie de ordenanzas locales sobre
"marcas de renombre", que permiten a los gobiernos locales organizar
evaluaciones y otorgar dichos títulos a ciertas marcas, lo que a su vez
autoriza a las empresas relevantes a usar los títulos para hacer
promociones.
Dichas prácticas son contrarias al espíritu de la ley de marcas del
país, que solo protege a los titulares de "marcas comerciales
reconocidas" contra violaciones en disputas relevantes, pero prohíbe
utilizar la determinación de "marcas comerciales reconocidas" para
promociones y otros fines comerciales.
El comunicado señala que al principio las ordenanzas locales de
"marcas de renombre", que buscan alentar a las empresas a aumentar su
conciencia de marca y mejorar la calidad de sus productos, habían
desempeñado en parte un papel positivo.
"Sin embargo, ahora están desactualizadas, ya que el apoyo selectivo
del gobierno puede causar discriminación y resultar en competencia
desleal en el mercado", añade.
El texto dice también que tales prácticas no se ajustaban a los
requisitos para profundizar las reformas encaminadas a racionalizar la
administración del gobierno y delegar poderes.
La comisión dijo que ordenó una "revisión integral" del problema, e
informó a los legislativos locales y a la Oficina de Asuntos
Legislativos del Consejo de Estado (gabinete).
Siguiendo el concepto de expertos, la comisión comenzó la revisión;
consultó a la oficina, a la Administración Estatal de Industria y
Comercio, y al Tribunal Popular Supremo; envió equipos de investigación a
las localidades pertinentes; y sostuvo discusiones con expertos sobre
el tema, detalla el comunicado.
El documento agrega que la revisión de estatutos locales y documentos
normativos fue parte del trabajo de la APN para ejercer el poder de
supervisión otorgado por la Constitución y la ley.
