Axel Kicillof* / Carlos Bianco**
Durante la semana próxima está prevista la conclusión de las
negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y
la Unión Europea (UE), en donde se prevé la liberalización del comercio de
bienes y servicios y se incluyen múltiples disciplinas, tales como inversiones,
compras públicas y propiedad intelectual. El resultado será verdaderamente
catastrófico para la industria nacional. Pero vayamos por partes.
En materia de bienes, se propone una amplia liberalización
comercial, reduciendo a cero los aranceles de cerca del 90% de los productos
importados desde la UE, tales como automóviles y autopartes, químicos,
plásticos, medicamentos, bienes de capital, etcétera. A cambio, se recibirán
pequeñas cuotas de un puñado de alimentos que podrán ingresar a la UE con
arancel cero, pero sujetos a estrictas regulaciones sanitarias que suelen ser
utilizadas como barreras comerciales camufladas. Para muestra, vale un botón:
la UE ha ofrecido al Mercosur una cuota de carne de unas 70.000 toneladas
anuales. Si dividimos esa cuota por la población de la UE, el ingreso adicional
de carne que obtendrán el Mercosur será de unos 138 gramos de carne anual per
cápita europea, es decir ¡aproximadamente lo que llevan tres empanadas! Se
entrega toda la industria nacional a cambio de una miseria. ¡Tres empanadas!
Además, la UE exige a nuestro país una mayor liberalización
del comercio de servicios, aunque Argentina ya es uno de los países más
abiertos del mundo a partir de los compromisos asumidos en la OMC. La UE
reclama ahora que se liberalicen los sectores que Argentina preservó en aquel
momento por considerarlos estratégicos. Uno de los sectores que más interesa a
la UE son los servicios de transporte marítimo y fluvial. Este reclamo recuerda
al "Acuerdo de Amistad, Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas
del Río de la Plata y su Majestad Británica", firmado en 1825, que
sostiene que "los habitantes de los dos países gozarán respectivamente
la franqueza de llegar segura y libremente con sus buques y cargas a todos
aquellos parajes, puertos y ríos en los dichos territorios". La situación
por aquel entonces -que casi se replica en la actualidad- era que las
Provincias Unidas del Río de la Plata no contaban con ninguna embarcación de
cargas propia, mientras que su "Majestad Británica" poseía la marina
mercante más poderosa del mundo. Con la firma de este acuerdo retrocedemos 200
años. Mientras tanto, el gobierno de Macri vota en el Congreso una ley de
promoción de la Marina Mercante argentina, que con esta firma no servirá para
nada.
En relación con las inversiones, la entrega es también
escandalosa. El acuerdo obligará a la Argentina a ofrecer “trato nacional” a
las empresas europeas, al tiempo que se suprimirá la posibilidad de establecer
cualquier tipo de “requisito de desempeño” a las transnacionales del viejo
continente. Es decir, las empresas europeas deberán ser tratadas como si fuesen
empresas nacionales, y podrán hacer en nuestro país lo que quieran, cuando
quieran y cómo quieran. Se pierde toda la capacidad regulatoria del Estado
sobre las empresas extranjeras.
Respecto de las compras gubernamentales y la obra pública,
el acuerdo estipula el acceso a las licitaciones a las empresas europeas a
todos los niveles de gobierno, asegurándoles “trato nacional”. Por ejemplo, si
un municipio decide hacer una gran compra de papelería, las PyMEs de la zona
deberán competir contra grandes empresas europeas. Así, se eliminará toda
posibilidad de utilizar el poder de compra del Estado como herramienta para el
desarrollo. Estas disposiciones van claramente en contra de la Ley de Compre
Nacional recientemente aprobada, cuyas páginas se transformarán en papel
higiénico.
En lo que respecta a la propiedad intelectual se establece
la extensión de la duración de las patentes de los medicamentos y la protección
de los datos de prueba utilizados en los análisis clínicos. De esta forma, se
ofrece un período de exclusividad adicional a los grandes laboratorios europeos
que poseen las patentes, impidiendo la producción de genéricos por parte de
laboratorios nacionales públicos y privados, encareciendo el precio de los
medicamentos y reduciendo el acceso a la salud de nuestra población.
Por último, también se eliminarán los regímenes de admisión
temporaria, drawback y licencias de importación, de vital importancia para la
industria; se flexibilizarán las reglas de origen, lo que conducirá a una
inundación de productos elaborados en países de bajísimos salarios pero con la
etiqueta del “Made in Europa”; se extinguirá la posibilidad de cobrar derechos
a las exportaciones, con los perjuicios que ello tendrá en materia fiscal y de
agregado de valor a la producción; y se impedirá que nuestras economías
regionales puedan comercializar alimentos (vinos, quesos, frutas, verduras) de
similares características a los europeos, que se encontrarán protegidos a
través de múltiples y nuevas “indicaciones geográficas”.
En conclusión, desde la llegada de Macri la industria
argentina y las PyMEs agonizan, heridas de muerte por la “tormenta perfecta”
desatada por las medidas económicas adoptadas: caída de la demanda interna;
tarifazo de los servicios públicos; eliminación de los créditos subsidiados;
tasas de interés por las nubes; apertura unilateral e indiscriminada a las
importaciones. La firma de este acuerdo no será más que el tiro de gracia para
la industria argentina. O como prefieren llamarlo los negociadores argentinos:
el necesario “anclaje institucional” para las reformas que se están
implementando, de modo de evitar a futuro cualquier “locura populista” que
pretenda la reindustrialización del país. Lo cierto es que, a simple vista, el
análisis de las principales cláusulas de este acuerdo revela sus efectos
catastróficos para la industria argentina, las economías regionales y las
PyMEs. Es por eso que Macri decidió negociar a escondidas y en secreto.
*Diputado nacional FPV-Ex ministro de Economía.
**Docente-investigador de la UNQ; asesor de la CTA de los
Trabajadores.
