Quiénes son los pesos pesados de las empresas en la cámara que enfrenta
al Gobierno. Por qué denuncian un pacto con las multis. Roces personales
y un contrato de $ 30 mil millones.
Jairo Straccia.- Perfil.- “Claro que apareció el cumpleaños de Alejandro Roemmers en la negociación”. Así, abiertamente, el interventor del PAMI,
Sergio Casinotti, reveló hasta qué punto se tensó el vínculo entre el
Gobierno y los dueños de los laboratorios nacionales durante la
negociación por el convenio de medicamentos que usan los afiliados a la
obra social de los jubilados.
La megafiesta de uno de los hijos de Alberto Roemmers, que costó, se
estima, US$ 10 millones en Marruecos en febrero, elevó hasta el roce
personal la presión oficial con el propietario de la empresa homónima
que factura $ 6.100 millones con productos como el Lotrial, que usan
miles de mayores para atenuar la presión alta.
Detalles. El lunes pasado, cerca de las 23, le
ponían la rúbrica al nuevo acuerdo el propio Casinotti y Caludio
Riganti, apoderado de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos
de la Argentina (Cilfa), que hoy por hoy, es un antro de críticas
furibundas hacia la gestión de Mauricio Macri. “No se puede negociar con una pistola en la cabeza, hubo llamados directos a los dueños,
cuando acá siempre negociaron los gerentes”. Se trata de un convenio
que vale mil enojos: son de $ 30 mil millones, el 40% de todo el mercado
farmacéutico en el que el PAMI es el principal cliente.
Los laboratorios lo niegan, pero la Defensoría de la Tercera Edad
asegura que desde 1997, en tiempos de Víctor Alderete, el contrato de
provisión de remedios al PAMI se renovaba anualmente a gusto de los
laboratorios de Cilfa, junto a la otra cámara nacional, Cooperala, y la
de los extranjeros, nucleados en Caeme. La firma de este acuerdo por el
que habrá una reducción del 5% sobre los precios del 28 de febrero, y se
limitan a subir hasta el 70% de lo que suba la inflación, justamente,
se empezó a destrabar cuando se rompió ese frente.
De afuera. Por el Gobierno, negoció Gustavo Lopetegui,
vicejefe de Gabinete, que comparte piso, pared de por medio, con su
par, Mario Quintana, creador de la cadena Farmacity y eterno enemigo de
los laboratorios.
La primera estrategia fue, justamente, cerrar primero un trato con las multinacionales.
Una clave fue prometer posibles cambios en la regulación de patentes
que los favorezca. “Caeme firmó antes rompiendo un bloque que operaba
junto hacía veinte años, seguramente presionarán por patentes para
cobrar esta ayuda”, cuenta Cristina Kroll, directora del portal
especializado PharmaBiz.
De hecho, el Gobierno ya había mostrado que laboratorios
internacionales, como Pfizer, eran proclives a ofrecer precios más bajos
como los de la licitación conjunta que había hecho el Estado para
comprar factor 8 para hemofílicos, donde el ahorro fue de $ 1.500
millones. “Pfizer ofreció ese precio porque tenía material ocioso de un contrato que se le cayó en Brasil”, reniegan acá.
Y anticipan que para las próximas licitaciones que se acordaron para
medicamentos oncológicos, donde la Casa Rosada también aspira a hacer
compras consolidadas, “no habrá ahorros semejantes”. Habrá que ver.
Velitas. Parte de estos quejidos surgió, como reveló
el periodista Francisco Olivera, en otro cumpleaños, el de Alberto
Alvarez Saavedra, accionista del laboratorio Gador, también del top five
de ventas con casi $ 6 mil millones, y el Alplax, entre sus marcas más
conocidas. Alvarez Saavedra festejó sus 70 y canalizó allí por segunda
vez broncas oficiales, ya que es secretario de la Unión Industrial
Argentina (UIA), acusada de “llorar” y no invertir por parte del
Ejecutivo.
Es que ambos, para el Gobierno, son casos testigo de estimular a grandes empresarios nacionales a competir,
aún a riesgo de perder empleos locales. “Toda la cadena y las empresas
más chicas van a sentir este resultado, muchas van a quedar al borde de
la quiebra”, exageran, tal vez, en Cilfa.
Corpo. La industria farmacéutica mueve cerca de US$ 5
mil millones al año, un poco menos que un punto del Producto Bruto
Interno. Tiene 38 mil empleados directos y se jacta según el Plan
Estratégico 2017-2021 de haber “resistido el proceso de
desnacionalización de sectores industriales”. Son unas 180 empresas aunque, aseguran, “toda la cadena sufrirá el recorte que les aplica el PAMI”, que según el Gobierno ronda los $ 7 mil millones.
Tiene nombres insignia, uno de ellos Bagó, liderado por Juan Carlos y
Juan Pablo, una de las familias históricas del ramo también apuntadas
en esta negociación. Bagó es uno de los laboratorios que más se han
diversificado, de hecho hace diez días firmó con Luis Pagani de Arcor un
acuerdo para vender suplementos dietarios en farmacias y ya venía
desarrollando sanidad animal en Biogénesis Bagó junto a otro peso pesado
del sector, Hugo Sigman.
Sigman comparte el control del laboratorio Elea junto a la familia
Sielecki, factura unos $ 3.600 millones al año y adquirió en 2017
Phoenix. Si bien no es su foco (apunta al cuidado femenino), vende
líneas de atorvastatina para el colesterol. Elea es parte de un monstruo
como el Grupo Insud, que desarrolla desde vacunas hasta cine. A pesar
de que construyó un vínculo cercano a Cristina Kirchner, con quien
compartía cenas del Día de la Industria, con Macri tejió buenos lazos
desde la Cámara de Biotecnología y también en las giras del primer
mandatario por España. Similar es el caso de Marcelo Figueiras, dueño de
Laboratorios Richmond, con desarrollo de vacunas que le vende al
Estado, aunque también con líneas de atorvastatina y también
medicamentos oncológicos que deberán adaptarse al nuevo convenio, clave
para un objetivo del PAMI: bajar a cero el déficit mensual de $ 900
millones, sin afectar (más) a los afiliados.
La relación con las multis
Para insuflar competencia a los mercados locales, el Gobierno se
recuesta en “la amenaza externa”. En los casos de la industria
manufacturera, la apertura de importaciones es la vía para forzar a las
marcas locales a bajar costos y precios al consumidor. Se vio como caso testigo en 2016 la baja de aranceles a computadoras y el cese de la producción en Tierra del Fuego.
Con los laboratorios, se les da participación a los extranjeros en
las licitaciones para obligar a bajar costos a un mercado hasta ahora
cartelizado y manejado, aunque lo desmienten, por pocas compañías.
La megacompra de factor 8 para hemofílicos la ganaron Pfizer, que
tenía 70 millones de dosis ociosas por un contrat caído de Brasil y CSL
Behring.
Ahora, para negociar con el PAMI, el Gobierno primero acordó con los laboratorios extranjeros, y dejó aislados a los nacionales, que amenazaron con desabastecer pero ante la presión oficial terminaron acordando. Puede haber, dicen en CILFA, alguna retribución en cambios en patentes.
