Agencias.- Estados
Unidos boicoteó la reciente 36 sesión del Comité Intergubernamental de
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore
(CIG), al hacer explotar el último día su desacuerdo con el documento
consensuado los durante los cinco días de debate.
Estados
Unidos expuso sus disidencias con los avances conseguidos durante la
reunión de la OMPI en virtud de las “inquietudes económicas” que les
generaban las propuestas consensuadas sobre patentes y recursos
genéticos.
La
negativa estadounidense a aceptar el documento elaborado durante los
extensos y arduos debates contó con el apoyo de Japón y en algunos
tramos del debate también afloraron las disidencias de Canadá, Noruega y Corea del Sur.
La
delegación de Estados Unidos presentó un documento en la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual exponiendo “las preocupaciones
económicas del sector privado” sobre las propuestas para fortalecer las
reglas internacionales para patentar recursos genéticos destinados
principalmente a ayudar países en desarrollo.
El documento de los Estados Unidos titulado "El
impacto económico de las demoras e incertidumbres en materia de
patentes: preocupaciones de los Estados Unidos sobre las propuestas de
nuevas divulgaciones de patentes" reprodujo estudios que
pretenden demostrar que “por la demora de cada año en el proceso de
solicitud de patente, el crecimiento del empleo disminuyó en un 2.4 por
ciento en el primer año después de una patente y en 12.7 por ciento y
19.3 por ciento en tres y cinco años, respectivamente”.
“De
manera similar, el efecto en el crecimiento de las ventas fue
peyorativo, lo que generó impactos negativos de 3.6 por ciento, 12.8 por
ciento y 28.4 por ciento durante uno, tres y cinco años luego de la
decisión de la primera acción de la patente”, según el estudio.
Por
el contrario, los países en desarrollo vienen desde hace 18 años,
cuando comenzó a discutirse el patentamiento de los recursos genéticos
en la OMPI, denunciando lo que definen como “biopiratería” o sea la
apropiación indebida de sus recursos genéticos por empresas del norte y
de otras que utilizan de sus materiales genéticos en productos
patentados sin divulgar el origen de esos materias genéticos.
Un
ejemplo de un caso de biopiratería surgió en junio pasado con material
genético de la baya açai de Brasil que se utiliza en investigaciones en
California.
El
objetivo de las propuestas que se habían consensuado garantizaban el
consentimiento fundamentado previo de las comunidades y países donde se
producen los materiales genéticos, en parte para que puedan estar
seguros de tener acceso y obtener algunos beneficios de cualquier
producto, como, por ejemplo, un producto farmacéutico o innovación
biotecnológica si finalmente se comercializa.
La
principal preocupación del documento de los Estados Unidos es la
"incertidumbre" que las nuevas medidas podrían inyectar en el sistema,
disuadiendo o enfriando la innovación del sector privado.
"Las
sanciones propuestas para los solicitantes de patentes y los
propietarios que no cumplan con estos requisitos incluyen el rechazo de
una solicitud de patente no conforme o la revocación de una patente no
conforme", indicaba el documento presentado por la delegación
estadounidense.
“Estos
requisitos podrían tener un impacto devastador en la investigación y el
desarrollo en el campo de la biotecnología y los productos
farmacéuticos debido a las incertidumbres que introducirían en la
protección de patentes", alarmó Estados Unidos en su documento.
Pero también, las incertidumbres en torno a exigir la divulgación obligatoria del origen "podrían
causar retrasos significativos en el proceso de examen de patentes al
reducir la valoración de la patente y hacer que las inversiones en
investigación y desarrollo sean imprudentes", argumentó Estados Unidos.
Pero
un funcionario de un país en desarrollo que asistió a las negociaciones
de la OMPI dijo a Intellectual Property Watch que el documento
estadounidense estaba basado en "hipótesis" que los países deberían
aceptar sin rebatirlas.
El
funcionario explicó que “las empresas de los Estados Unidos y de otros
países desarrollados han considerado que prefieren dejar las políticas a
nivel nacional y hacer arreglos con las comunidades locales a través de
contratos, cuando sea relevante. Pero los países en desarrollo han
dicho que las comunidades a menudo están en desventaja en tales
negociaciones contractuales, y que muchos recursos genéticos se toman y
usan sin reconocimiento ni contrato”.
Estados
Unidos y otros países también plantearon un nuevo estudio de la
Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas
(IFPMA) presentado en un evento paralelo en la OMPI que analizó de
manera similar el impacto económico de los requisitos de divulgación en
las solicitudes de patente para recursos genéticos.
Brasil tomó
la palabra para decir que “todas las preocupaciones de los miembros son
legítimas, pero se nos daría más consuelo si nuestras preocupaciones
también recibieran el mismo trato”.
También
señaló que el documento de los Estados Unidos se refiere inexactamente a
una ley brasileña que ya no es activa, que el comité ya tiene dos
décadas de estudios y que las preguntas del estudio propuesto por IFPMA
“han sido abordadas completamente y previamente”.
La Fundación Tebtebba,
una ONG con sede en Filipinas centrada en las políticas que afectan a
los pueblos indígenas, describió las preocupaciones que dieron forma a
la discusión en la OMPI.
La principal aprehensión era la del robo y la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.
La
Fundación Tebtebba esperaba que la divulgación de los requisitos de
origen se aplicaría no solo a las patentes sino a una gama más amplia de
derechos de propiedad intelectual.
En
este contexto, algunos oradores también plantearon la cuestión de a
quién pertenecen los derechos de autor sobre las publicaciones de
conocimiento tradicional, opinando que debería recaer en las
comunidades.
Sudáfrica
dijo que el tratado no debería estar por encima de la ley, ya que el
fraude en la mayoría de las sociedades se considera ilegal. "No podemos
promover la anarquía" en la OMPI, dijo su delegado.
Egipto aprobó, al igual que Brasil,
que se necesitaba un castigo adecuado en caso de fraude. “Es necesario-
dijo el delegado brasileño-, evitar que los solicitantes tienten probar
suerte si el costo del incumplimiento es demasiado bajo. Excluir la
revocación está favoreciendo la anarquía”, agregó.
Los
observadores sostuvieron que la protección de las comunidades locales
es de interés público. Las compañías podrían argumentar que asegurar que
el sector privado pueda continuar accediendo a los recursos necesarios
para desarrollar las próximas innovaciones científicas o tecnológicas
también es de interés público. Y si aumentan sus costos, tienden a
pasárselos a los consumidores.
Las
diferencias recaen sobre quién obtiene los beneficios de las
innovaciones derivadas de los recursos genéticos y cómo garantizar que
no se abuse de ningún sistema nuevo que esté configurado.
De
hecho, como dijo un representante indígena, se suponía que el problema
del acceso y la participación en los beneficios y la biopiratería de los
recursos genéticos se había abordado en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica de 1992 y su posterior Protocolo de Nagoya.
El
documento de los Estados Unidos demuestra que el problema continúa y
que el trabajo del comité de la OMPI se ha malogrado una vez más
desperdiciándose la posibilidad de avanzar en un documento consensuado.
