Izquierda Diario.-El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, denunció
al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina (INPI) en una
reunión internacional realizada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Este organismo del Gobierno argentino concedió a una empresa privada
la propiedad de la palabra “olleras”, la profesión de hacer ollas de
barro que desde hace siglos practican mujeres indígenas y no indígenas
de América Latina.
“En pleno siglo XXI, sigue impunemente el saqueo cultural de las
comunidades. Es inaceptable que el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de Argentina, le haya concedido a una empresa privada,
llamada ‘Olleras piezas únicas’, el uso exclusivo de esa palabra”,
planteó Montenegro en un comunicado de prensa.
La persecución de las mujeres que hacen ollas y viven de su profesión
llamándose a sí mismas olleras se volvió tan absurda y perversa en
Argentina que hasta sus páginas en redes sociales fueron sacadas de
circulación por el solo hecho de usar la palabra “olleras”.
Dos colectivos de mujeres de la provincia de Buenos Aires en Argentina, “Olleras del Delta” y “Olleras Cooperativas”, resultaron perjudicadas por el levantamiento de sus páginas, luego restituidas ante la creciente protesta social.
Dos colectivos de mujeres de la provincia de Buenos Aires en Argentina, “Olleras del Delta” y “Olleras Cooperativas”, resultaron perjudicadas por el levantamiento de sus páginas, luego restituidas ante la creciente protesta social.
Montenegro agregó que “funcionarios del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, INPI, les sugirieron a las mujeres afectadas que
inicien acciones judiciales. El INPI no solo violó la ley que rige su
propio funcionamiento, sino que mira para otro lado y alienta a las
víctimas de su impericia para que inicien acciones judiciales que tardan
años en resolverse”.
Consultado sobre cómo podrá resolverse este inédito y grave problema,
Raúl Montenegro indicó que “seguirán haciéndose presentaciones ante el
propio INPI y estamos preparando una denuncia ante el Defensor del
Pueblo de la Nación. No descartamos además presentaciones judiciales en
lo penal contra funcionarios del INPI por presunto incumplimiento de sus
deberes”. Otra vía posible, agregó, “es que la empresa privada que
solicitó y obtuvo la propiedad intelectual de la palabra ‘olleras’, y
que se denomina ‘Olleras Piezas Únicas’, renuncie formalmente a la mal
otorgada propiedad dada por el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial. No solucionará el problema de fondo, pero sería un gesto de
buena voluntad”.
“El objetivo de las olleras de Argentina y de todas las
organizaciones y personas que acompañamos sus justas reivindicaciones es
que finalmente la palabra que define su profesión sea pública, y nunca
más el INPI, ni ningún otro organismo público, restrinja su uso”.