Por: JOHN MÜLLER.- El documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) sobre el gasto farmacéutico (el segundo de los siete informes
elaborados en la primera fase de su Revisión del Gasto Público) fue
difundido el jueves por un medio especializado, Sanifax. El informe
tiene 371 páginas y ha sorprendido a los expertos por su nivel de
detalle.
El texto cuestiona la falta de una disciplina sistemática para
establecer el precio que el Sistema Nacional de Salud (SNS) paga por los
medicamentos y que la evaluación coste-beneficio no sea vinculante a la
hora de determinar el precio. La burocracia, además, se concentra en el
acceso del producto a la cartera de medicamentos y no en las
reevaluaciones posteriores.
El Sistema de Precios de Referencia (SPRE), un mecanismo que reduce
el precio de medicamentos que tienen equivalentes en el mercado, no
ofrece una visión global del precio de los tratamientos porque sólo
busca la equivalencia en términos de los principios activos y no de las
indicaciones terapéuticas.
El informe no oculta su predilección por un sistema de subasta, como
el implantado en Andalucía. El sector de los genéricos está inquieto con
esta idea porque teme la acción del monopsonio estatal.
Parte del análisis recae en la lista de medicamentos financiados que
se puede analizar por el volumen de recetas o el de gasto. En el primer
caso, de los 16.545 medicamentos dados de alta, en 2017 se dispensaron
905,6 millones de envases, de los cuales un 26% representa el top 100 de
los más recetados. Desde 2010, este grupo se ha reducido cuatro puntos
porcentuales.
En cuanto al gasto farmacéutico público, desde su peakhistórico
en 2009 de 12.218 millones, ha venido bajando hasta situarse en 2017 en
9.029 millones, un 26% menos. El top 100 de los que más gasto suponen
ha pasado de representar el 36% del gasto en 2007 al 30% en 2017.
Este fuerte descenso de 1.222 millones está motivado por las medidas
de contención del gasto que se aplicaron en 2010 (una deducción
obligatoria a todos los medicamentos no incluidos en el SPRE), pero
también por la pérdida de patentes de productos del Top 100.
La pérdida de la patente causa una caída del 40% del precio con la
entrada del primer genérico y el fabricante también pierde volumen al
tener que compartirlo con otro productor.
El 70% de los medicamentos que estaban en el Top 10 de gasto
en 2008 perdieron la patente y salieron de la lista, mientras que el
30% que sigue, mantiene su patente. Un tercer factor es la aparición de
otros fármacos equivalentes desde el punto de vista terapéutico que
causan una bajada del consumo.
Los tres medicamentos que más gasto público supusieron en 2017 fueron
Lantus Solostar (diabetes), Duodart (hiperplasia de próstata) y Ezetrol
(hipercolesterolemia). Es llamativo el caso del Duodart, un medicamento
que asocia dos principios, la dutasterida y la tansulosina, y que fue
segundo en cuanto a gasto en 2017.
Su eficacia terapéutica ha sido cuestionada (la dutasterida sería tan
eficaz sola como acompañada) y sistemas sanitarios como el vasco
(Osakidetza) afirman que se trata de “una asociación que obedece más a
intereses comerciales que clínicos”, ya que la patente de la dutasterida
estaba por vencer y por lo tanto su precio a bajar fuertemente.
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