Redacción Canal Abierto | A poco de conocerse la firma del acuerdo de comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur,
aún sin información certera por parte de nuestro gobierno de lo que se
ha firmado, el único documento conocido es el publicado por Bruselas que
resume en 17 puntos el contenido del tratado.
Con estos escasos datos,
expertos y profesionales de la salud, advierten que las consecuencias
sanitarias para nuestros pueblos pueden ser graves.
El acuerdo se presenta como de “libre comercio” pero estas negociaciones se meten en áreas que exceden lo comercial. El tratado compromete
al Mercosur a ceder soberanía en distintas áreas y a correr
paulatinamente al Estado del control de sectores estratégicos.
Por ejemplo, nuestro país debería realizar reformas en el sistema
jurídico o aceptar tratados que viene rechazando desde los 70, como el
PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, por sus siglas en
inglés).
El informe que se conoce sostiene que “la UE eliminará los aranceles
sobre el 100% de los bienes industriales durante un período de
transición de hasta 10 años. Mercosur eliminará por completo los
aranceles en sectores clave como automóviles, piezas de automóviles,
maquinaria, productos químicos y productos farmacéuticos. Para cada uno de estos sectores, la liberalización tiene lugar en más del 90% de las exportaciones de la UE”.
Dicho simplemente, «liberalizar» es poner a competir al león con la
gacela, y a ésta… atarle las patas. Los herbívoros estamos de este lado
del Atlántico.
La Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) trabaja
por el acceso a las salud con especial énfasis en el tema de acceso a
los medicamentos y propiedad intelectual. Desde allí llevaron a cabo un
estudio para medir el impacto que el acuerdo entre el Mercosur y la UE
puede tener sobre la compra pública de medicamentos en Argentina. Los
hallazgos, de firmarse el TLC, son alarmantes.
Según el informe de GEP, “las modificaciones en materia de propiedad intelectual que exige la Unión Europea para la firma del acuerdo tendrán consecuencias devastadoras para la salud de lxs latinoamericanxs. Durante las diferentes rondas de negociación, la UE intentó imponer un capítulo de propiedad intelectual que contiene medidas ADPIC plus, o sea más estrictas que las firmadas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es uno de los tres pilares de la OMC.
En ese acuerdo, se establecieron los niveles mínimos de protección que
cada gobierno debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás
miembros. Rompe el paradigma previo que sostenía la ONU e intentaba
equilibrar las desigualdades entre países.
“Con la OMC y los ADPIC se da paso abierto al paradigma de la
liberalización comercial como vector hegemónico de las nuevas relaciones
internacionales, incluida la distribución y uso del conocimiento
mediante los Derechos de Propiedad Intelectual”, explican Mikel Gómez
Uranga y María del Socorro López Gómez en su trabajo Los ADPIC plus en los actuales tratados bilaterales impulsados por Estados Unidos y consecuencias en los países en desarrollo.
Entre las advertencias que realizan las expertas de GEP, Lorena Di Giano y Mariela Bacigalupo, destacan:
- La extensión del plazo de patentes farmacéuticas más allá de los 20 años
que dicta el Acuerdo ADPIC: “son 20 años en los que sólo el titular de
la patente puede producir, importar y comercializar el producto. En el caso de los medicamentos es una de las principales causas de los elevados precios y una barrera al acceso. Podrían llegar a extender estos derechos monopólicos por 10 años más”, señala Di Giano.
- La generación de otros derechos exclusivos a través de la adopción de la “protección de datos de prueba”
sobre información de estudios pre-clínicos y clínicos utilizados para
el registro sanitario de productos farmacéuticos: “Estos estudios se
utilizan para registrar un medicamento para obtener la autorización para
comercialización o registro sanitario, que es lo que otorga la ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica). Este organismo analiza estos datos y a partir de eso autoriza o
no la comercialización. Lo que quiere la UE es que esos datos que se
utilizan para el primer registro sanitario de un producto tengan
exclusividad, más allá de las patentes. Esto implica que no se podrán registrar ni producir genéricos;
para poder registrar un genérico será necesario utilizar los datos de
prueba que es lo que quieren proteger. Esto generará otra barrera
complementaria a las patentes, y lo que lograrían es sacar a los genéricos del mercado”.
- La aplicación de medidas ADPIC Plus podrían generar el
aumento exponencial en el precio de la canasta de antirretrovirales, lo
que afectará gravemente el presupuesto de la Dirección Nacional de Sida,
Hepatitis virales e ITS poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
“Cuando accedimos al texto, hicimos un estudio de impacto, e hicimos una proyección (de cinco, diez, quince años) y demostramos con evidencia cómo incrementa el precio de los medicamentos al aumentar la monopolización. No hay estudios oficiales de impacto, los gobiernos del Mercosur están negociando estas medidas a ciegas”, señala Di Giano, directora ejecutiva de GEP.
Cuadro del estudio del impacto en el costo de compra de retrovirales
para HIV y medicamentos para curar la hepatitis C
para HIV y medicamentos para curar la hepatitis C
Hasta el momento, en lo poco que se conoce del acuerdo -los 17 ítems
del comunicado de la UE- no aparecen señalados explícitamente los puntos
desarrollados pero, en las negociaciones, los países europeos
insistieron en este tipo de normativa. Y sí se nombra el cambio en el
sistema de medidas cautelares.
“Ahí sí tendríamos restricciones para los productores nacionales que
muchas veces entran en conflicto con empresas extranjeras por cuestiones
de patentes -señala Di Giano-. Cuando un productor nacional quiere
entrar con su genérico, viene la empresa extranjera y le hace juicio por
violación de patente. En realidad para demostrar eso hay que hacer unas
pericias muy complicadas. Si se cambia el sistema de medidas cautelares
se protegerían más los potenciales derechos de las empresas
extranjeras. La producción local se verá desalentada”.
Un caso testigo: el sofosbuvir
Para ejemplificar lo que puede ocurrir de entrar en vigencia el
acuerdo y dependiendo de la redacción final del mismo, Di Giano cuenta
el caso de un medicamento. “Hace unos años entró en el mercado el sofosbuvir, un medicamento para curar la Hepatitis C. Era un tratamiento muy caro, 84 mil dólares para una persona por doce semanas.
Empezamos a hablar con el Ministerio, que tenía intenciones de proveer
el medicamento pero se veía dificultado por el presupuesto. Fuimos al
INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) donde encontramos
catorce solicitudes de patentes realizadas por Gilead Sciences, una
empresa norteamericana. Analizamos las solicitudes y vimos que no
cumplían con los requisitos de la ley, logramos que rechazacen las
presentaciones sobre el sofosbuvir y se permitió la entrada de
laboratorios nacionales que pudieron comercializar el producto. El costo, por la competencia de genéricos, bajó a 350 dólares”.
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Otro punto señalado en el comunicado es la inclusión del PCT. Este
convenio viene siendo rechazado por nuestro país desde los años 70. El
PCT permite a los laboratorios presentar su invención en varios países
al mismo tiempo a través de una oficina de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual en Ginebra. Luego, esta oficina tramita el
patentamiento en todos los estados asociados. De aceptarse este tratado
“se delegaría el control y la soberanía que tenemos sobre el sistema de
patentes a una oficina en Suiza. Claramente esta oficina es manejada
por la industria farmacéutica multinacional”, agrega la experta.
Resumiendo, la confirmación del tratado con la UE significaría en materia de salud:
- La extensión de los monopolios.
- El aumento del precio de los medicamentos.
- Pérdida de tecnología y desarrollo científico.
- Pérdida de puestos de trabajo calificados.
- Pérdida de soberanía sanitaria.
En relación al alto costo de medicaciones oncológicas y retrovirales
que se utilizan para los tratamientos del VIH, Di Giano detalla: “Con la
devaluación del peso y el aumento del dólar, en los últimos años hemos
sufrido faltantes, se han reducido las compras, se ha reducido el
presupuesto de la Dirección de SIDA, y si firmamos con la UE esto se va a
agravar más”.
Lorena Di Giano
Es abogada especialista en Derechos
Humanos y VIH-SIDA, agente de la Propiedad Industrial, directora
ejecutiva de Fundación GEP y coordinadora general de RedLAM. Además es
miembro del Comité de Expertos del Panel de Alto Nivel de Naciones
Unidas sobre Acceso a Medicamentos e Innovación.
Más información:
- Informe de impacto de la Fundación GEP: http://fgep.org/es/estudio-de-impacto-del-acuerdo-mercosur-union-europea/
- Documento informativo de la Unión Europea sobre el tratado con el Mercosur (PDF en inglés)
