El equipo de Ildefonso Guajardo lo aceptó bajo presión, luego de que
la parte norteamericana empujara con todo y a pesar de que los
laboratorios nacionales se oponían por el impacto que tendría para la
industria de genéricos, y simplemente caminó.
Pues justo esa negociación es la que utiliza el grupo de demócratas,
impulsada por la líder de la mayoría Nancy Pelosi para afirmar que si no
reabre el tratado para revisar el capítulo de propiedad intelectual y
otros relacionados con temas de cumplimiento laboral y ambiental, no
apoyará la ratificación del NAFTA 2.0 (como le llaman al USMCA o T-MEC),
porque implicaría “respaldar al monopolio farmacéutico, se traducirá en
precios elevados que pueden atar los precios de los medicamentos en
Estados Unidos”.
Es relevante el asunto por las implicaciones que ahora tiene toda esa
negociación en el marco del cambio de política para la realización de
compras de insumos para la salud en el gobierno.
La carta suscrita por 27 demócratas integrantes del Congreso y
dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, el pasado 25 de junio, pareciera caer como anillo al dedo en
el actual contexto de negociación de precios de medicamentos de
patente, distribución de insumos para la salud, busca de reducción de
costos de logística, pago de adeudos y, sobre todo, cambio radical en
los procedimientos de compra en el mercado gubernamental que representa
47% del total.
Hoy, el principal problema del sistema de compra que ha configurado
la Oficialía Mayor de Hacienda, a cargo de Raquel Buenrostro, es la
escasa liquidez que tienen los laboratorios por la ruptura de contratos
entre éstos y los distribuidores, por las deudas acumuladas por
instituciones como el ISSSTE, que dirige Luis Antonio Ramírez, pero
también con la dificultad que enfrentarán hacia adelante para promover
inversiones de persistir la amenaza del Presidente de abrir todas las
compras a licitaciones internacionales saltándose todo tipo de tratado
comercial.
Fíjese, cuando México aceptó la ampliación, Guajardo comentó en
chacaleo afuera de la embajada de México que “la ampliación del tiempo
de protección de las patentes de estos medicamentos (biotecnológicos
innovadores) permitió establecer un marco de promoción para atraer
inversiones a México para que estos productos se desarrollen,
investiguen o innoven en México, al amparo del cambio en propiedad
industrial producido.”
Y pregúnteme si hoy, esos mismos laboratorios que ven entrar a
chinos, indios o malayos al mercado mexicano en la búsqueda de
abatimiento de precios están considerando invertir en México, o ampliar
sus protocolos de investigación médica en el país, cuando se ha tomado
la decisión de eliminar cuadros básicos y, la iniciativa para reformar
la Ley de Salud, que se encuentra en la Cámara de Diputados está
proponiendo la flexibilización de los registros biotecnológicos, sin
distinción de dónde procedan.
Me parece que los congresistas Andy Levin y Susan Wild, que
encabezaron el documento que les relato, tendrían mucho argumento en su
favor si revisan el cómo se ha modificado la política de compras de
gobierno de insumos para la salud en México y, en especial, el tema de
patentes, cuya compra para el segundo semestre está por iniciarse. Y ahí
sí viene la madre de todas las reducciones del presupuesto, ¡no lo
dude!
