fgep.org.- ¿Cuáles son los riesgos de los acuerdos internacionales que impulsa el gobierno? ¿Qué va a pasar con el acceso a medicamentos y la salud pública? ¿Cuál es la relación entre las empresas monopólicas, la soberanía en semillas y los medicamentos?
Fundación GEP y la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, junto a la diputada Fernanda Vallejos y referentes de diferentes organizaciones debatieron junto a especialistas en el Congreso en torno a los riesgos en torno a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) que pretende aprobar Mauricio Macri y se firmó una declaración para frenar el avance de los acuerdos internacionales.
Más de 50 especialistas, expositores y oyentes, participaron de la reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.
Laura Giménez, jefa los departamentos de Política Social y Legislación de la UIA, que, al hablar sobre el cierre de las negociaciones del Tratado de libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, advirtió: “Aún no se conoce la letra chica y final. Las negociación dista de ser la ideal: la industria argentina lleva diez años de estancamiento y el país tiene el enorme desafío de desarrollar las políticas industriales que no se realizaron en las últimas décadas”.
Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet y parte de ATTAC Argentina, repasó los efectos desastrosos de los TLC suscritos en la década del ‘90 en América Latina: “En ese entonces se decía que los TLC iban a generar empleo, diversificación productiva, transferencia tecnológica, cooperación y diálogo político. El gobierno argentino justificó con estos puntos el tratado con la UE. Pero cuando analizamos la historia política de estos acuerdos, ninguna de estas promesas se cumplió. Hoy tenemos los mismos TLC que hace 25 años. Los Estados no tienen ninguna capacidad de poner reglas frente a sus imposiciones. Hoy tenemos la capacidad de usar los datos políticos para analizar la realidad y poder dimensionar lo que genera en la vida cotidiana de la gente: los TLC vienen por sus derechos”, sostuvo.
El abogado Lucas RIzzo Arrivillaga, miembro de Empresarios Nacionales (ENAC), dijo que negar que el PCT va a entrar en Argentina “es tapar el sol con las manos”. Y advirtió: “Los TLC incluyen un capítulo de propiedad intelectual y que es crucial el rol que juega el INPI a través de sus examinadores de patentes. Cuanto mejor sea el análisis, es mejor para la soberanía”.
Si bien el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea se presenta como un “acuerdo en materia de libre comercio” en realidad las negociaciones abarcaron áreas que exceden la órbita comercial. El acuerdo compromete al Mercosur a ceder soberanía en materia de regulación en diferentes materias lo que implica, por ejemplo, que Argentina tenga que realizar reformas estructurales en su sistema jurídico.
Jorge Marchini, economista, profesor de la UBA y vicepresidente de la Federación para la Integración Latinoamericana (FILA) remarcó que la desigualdad entre el Mercosur y la Unión Europea pone en desventaja a nuestra región: “Nuestros países son periféricos, subdesarrollados frente a la unión Europea. ¿Somos países iguales? ¿Las diferencias están resueltas? Es una igualdad entre desiguales”. Por eso, señaló que los estudios de impacto son clave.
La extensión del plazo de patentes farmacéuticas más allá de los 20 años que dicta el Acuerdo ADPIC de la OMC y la generación de otros derechos exclusivos a través de la adopción de la “protección de datos de prueba” sobre información de estudios pre-clínicos y clínicos utilizados para el registro sanitario de productos farmacéuticos son algunas de las medidas que son promovidas a través de los tratados de libre comercio.
“Las patentes generan monopolios, otorgan derechos exclusivos por veinte años a los tenedores de patentes. Hay medicamentos que, por pequeñas modificaciones a una moléculas, con el abuso en el sistema de patentes, tienen el monopolio por casi cuarenta años”, dijo Lorena Di Giano, abogada y directora ejecutiva de Fundación GEP. Di Giano también repasó las consecuencias de otro acuerdo que el macrismo pretende aprobar antes de dejar el poder: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). “Se vende como una estrategia desarrollo para las pymes. Pero si Argentina se suma al PCT, lo que vamos a tener es una explosión de patentes extranjeras, no un mayor desarrollo para pymes. Y, como no vamos a tener la capacidad de analizar ese caudal, van a aprobar los parámetros de evaluación extranjeros. Por lo tanto, las guías de patentabilidad van a estar en riesgo”.
Para Santiago Basso, de CILFA, “convertir a la propiedad intelectual en moneda de cambio es peligroso y se evita con estudios de impacto, análisis del marco de derechos humanos a nivel internacional”. A su vez, coincidió en que “el PCT va a ser perjudicial para la salud pública y para el acceso a medicamentos, para lxs consumidores. Por lo tanto, conceder una ventaja de manera unilateral, sin ventajas, no es inteligente ni hay beneficios. Los riesgos son mayores que las posibilidades”.
Otra de las variables analizadas fue la del sector agrícola y estuvo a cargo de Esteban Motta, de la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresó los temores del sector: “El conocimiento de datos finos es muy poco. Y para el sector agropecuario el peligro es en torno a la Ley de semillas. El derecho de cada productor del uso propio de las semillas es una discusión que venimos teniendo en Argentina. El paquete tecnológico, la revolución verde y el corrimiento de la frontera agropecuaria hacen peligrar la producción soberana”. Y agregó: “El sistema de patentamiento con la unión entre Monsanto y Bayer cierra en torno a los monopolios. No hay ningún sistema de compra pública donde los productores puedan acceder a las semillas. Los pequeños productores quedan presos del paquete tecnológico que les imponen y el Estado no tiene capacidad de acción en ese sentido. Necesitamos una política pública en mediano y largo plazo del paquete tecnológico. Tiene que ser el Estado quien coordine las políticas públicas, antes que los monopolios trasnacionales. Nos vana a colonizar desde la tecnología toda la cadena productiva”.
En 2016 Fundación GEP realizó un estudio de impacto que analiza las consecuencias directas e inmediatas que las medidas ADPIC Plus de este tratado tendrían para la Salud de las personas que viven con VIH y Hepatitis Virales en Argentina. El estudio generó evidencias sobre el aumento exponencial en el precio de la canasta de antirretrovirales lo que afectará gravemente el presupuesto de la Dirección Nacional de Sida, Hepatitis virales e ITS poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
María Elena Saludas, de ATTAC Argentina, se enfocó en las asimetrías existentes entre el Mercosur y la Unión Europea: “Tenemos que pensarnos como parte de este sur global, de nuestra América, y como productores de materias primas. Tenemos que tener argumentos desde el sur para denunciar este acuerdo. Es el momento para analizar la relación entre el libre comercio y la crisis climática”.
“De un tiempo a esta parte, hablamos de la UE como una potencia normativa. Son lxs que imponen leyes, reglas. Todos tienen un mismo objetivo: anclan reformas ortodoxas, que no son transparentes y que tienen altísimos costos de salida. Pretenden un libre comercio con rostro humano. El desafío más grande que tenemos no está del otro lado del Atlántico sino de este lado: necesitamos hacer un repaso introspectivo y crítico de cuáles fueron los procesos de integración regional”, dijo Santiago Lombardi, a cargo de la las Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Las mujeres y disidencias son el eslabón más vulnerable a este tipo de acuerdos: no protegen el empleo y desarman las estructuras comunitarias, avanzan sobre los modos de organización popular. “En 20 años estos acuerdos lo que menos hicieron fue proteger el empleo. Y mucho menos el de las mujeres y disidencias, que somos las que más sufrimos la precarización: las personas travestis y trans siguen siendo las más excluidas del trabajo por su identidad. Y los TLC refuerzan estas ideas”, dijo Ximena Gómez, socióloga e integrante del Foro Feminista contra el Libre Comercio.
La diputada Fernanda Vallejos fue contundente: “Este TLC tienen un enorme potencial de poner en riesgo nuestra industria, propone una competencia desigual e impactaría gravemente en el Mercosur que es nuestro principal mercado de exportación”. Luego habló del peligro del avance del PCT que el gobierno está impulsando debatir en el recinto y dijo que eso sólo otorgaría beneficios a empresas multinacionales de los países centrales. “En este momento de nuestra economía, en lo que tenemos que pensar es en el desarrollo y en fortalecer nuestro sistema científico tecnológico para impulsar la innovación y un sistema de patentamiento nacionales”.
Como cierre del conversatorio José María Di Bello, presidente de Fundación GEP, invitó a la diputada Fernanda Vallejos a firmar una Declaración de Compromiso en Defensa de Nuestra Soberanía que expresa que de ponerse en tratamiento en el Congreso el PCT o el acuerdo UE-Mercosur no acompañará con su voto la aprobación de los mismos, así mismo la diputada asumió el compromiso de sumar firma de otros diputados.
Además, todxs lxs presentes firmaron una declaracion donde se expresa la preocupación por el avance de acuerdos internacionales y las consecuencias devastadoras que tendrán en nuestra región.
