Por Carlos Díaz
El gobierno argentino está llevando a cabo miles de despidos en la administración pública a partir de una reestructuración del estado nacional iniciada en el actual régimen libertario.
Según medios locales, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se produjeron durante 2024 más de 60 despidos de personal técnico y profesional siendo llamativa las características de los funcionarios que aplican las directivas para deshacerse de los trabajadores del organismo que regula las marcas y patentes en el país.
De acuerdo con la información, la encargada de efectuar los desplazamientos es la abogada Jimena Alejandra Torrico Ortíz, quien comunica la decisión del egreso compulsivo del organismo por orden del presidente del INPI.
Jimena Torrico Ortíz, jefa de personal del INPI.
Torrico Ortíz, (DNI 94.440.826) es militante de la comunidad migrante, @comitemigrantes, en las filas del partido político Evolución (UCR) liderado por el actual senador Martín Lousteau (presidente de la UCR). La abogada se ocupa al mismo tiempo de asesoramiento legal en su estudio jurídico Torrico Ortiz & Asociados.
Torrico Ortíz promociona en sus redes ocuparse de "Despidos y Trabajo en negro" en su actividad privada y simultáneamente despide empleados desde la dirección de personal en el INPI.
Por si esto fuera poco, según lo publicado desde su propia página para promoción de su estudio jurídico, se dedica al asesoramiento en derechos de marcas: actividad expresamente prohibida por la normativa vigente en materia de anticorrupción para quienes, trabajando en el estado (INPI), desempeñan al mismo tiempo gestiones a clientes "del otro lado del mostrador."
De esta forma, Torrico Ortíz incurre en un flagrante comportamiento antiético y corrupto reñido con el buen desempeño de una funcionaria pública.
Transfuguismo político
Torrico cumple además funciones políticas, es decir, es militante en el local del Comite Migrantes de la calle carhue 175, del barrio de Liniers (capital federal), teniendo como referente al actual Senador Martín Lousteau, opositor al gobierno de Javier Milei. Este hecho pone en evidencia una especie de "transfuguismo" o doble juego político de quien hace las veces de jefa de personal en el INPI en el actual gobierno, siendo opositora puertas afuera.
Durante su trabajo de "limpieza y barrido de empleados" viene ejecutando suspensiones, desplazamientos, despidos con y sin causa, amenazas y denuncias ante la justicia, utilizando métodos que configuran un peligroso cuadro de flagrante violencia laboral, haciendo el "trabajo sucio" ordenado por sus superiores en la cadena de mandos.
Por su parte, su jefe inmediato, Diego Caimez, es el actual administrador general del INPI, también militante de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires en la llamada agrupación política @lasaguier.
En 2023, fue además candidato a comunero en el barrio de Recoleta de Buenos Aires y siendo derrotado en las urnas, recaló meses después en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Diego Cáimez, Director General de Administración del INPI
Sorpresivamente, Caimez, figuraba como vicepresidente de la Cooperadora del Hospital Rivadavia, y declara tener un posgrado en derecho deportivo y es fundador de la agrupación del club de fútbol Independiente de Avellaneda "Rey de Copas".
Último Momento
Tanto Diego Caimez, como Torrico Ortiz, fueron recientemente despedidos por el presidente del INPI como consecuencia de nuevas irregularidades detectadas en sus cargos.
(Noticia en desarrollo)
