viernes, 21 de marzo de 2025

Brasil: El derecho de propiedad intelectual es clave para el desarrollo económico, afirma el secretario ejecutivo del MDIC

 


 gov.br

El derecho de propiedad intelectual es clave para el desarrollo económico, la política industrial y del comercio exterior. Este fue el mensaje principal dejado por el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), el lunes 17 de marzo[EVF1]  en la apertura del XXIV Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, en el cual participó virtualmente como ponente.

 

En el evento de carácter híbrido, Márcio Elias Rosa mencionó la publicación “La contribución económica de las industrias intensivas en el derecho de propiedad intelectual en Brasil”, según la cual 461 sectores de actividad económica intensiva representan el 40 % del empleo formal del país, emplean a 22 millones de personas y representan el 64 % de las exportaciones. “Este estudio del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) revela que la industria que paga los mejores sueldos es aquella que es capaz de garantizar el acceso al conocimiento y al desarrollo tecnológicos. Es aquella que es capaz de competir interna y externamente, contribuyendo con casi un 50 % del PIB (producto interno bruto). Es decir, se trata de un sector absolutamente estratégico”, afirmó.

El secretario ejecutivo también se refirió a la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el fomento del acceso al conocimiento.  En su opinión, la sociedad y las empresas deben estar preparadas y ser capaces de utilizar el conocimiento que las bases de datos de propiedad intelectual ponen a su disposición para desarrollar productos y procesos, y producir información estratégica sobre el mercado, así como sobre las tendencias tecnológicas. "Como Gobierno, actuamos para fomentar la innovación y la presentación de patentes (registros formales que realiza una persona o empresa ante el organismo responsable de la propiedad intelectual para proteger la invención o el modelo de utilidad)", señaló. Asimismo, explicó que el Gobierno también trabaja para garantizar que la investigación y el desarrollo de alta calidad se transformen en innovación, competitividad y productividad para la industria, las empresas de nueva creación (startups) y las micro, pequeñas y medianas empresas (MPMEs, por sus siglas em portugués).

Para este fin, Márcio Elias Rosa destacó la necesidad de oferta de servicios eficientes y accesibles. Con respecto a las iniciativas que competen al MDIC y al INPI, mencionó el tiempo medio que se tarda en examinar una solicitud de patente en Brasil, que se ha reducido de 4,3 años a 3 años. “La meta del vicepresidente y ministro Geraldo Alckmin es reducir este tiempo a 2 años para finales de 2026”, dijo. Para ello, el MDIC ha estado trabajando en una serie de medidas para simplificar, reducir la burocracia y racionalizar los procesos.

PROPRIEDAD INTELECTUAL - El Grupo Ministerial de Propiedad Intelectual (GIPI), un colegiado del Gobierno federal presidido por el MDIC, trabaja para implementar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI). De las 162 medidas previstas en el actual Plan de Acción 2023-2025, 73 ya se han completado, 31 de ellas por parte del INPI y 11 por parte del MDIC. Entre las finalizadas o en curso se encuentran: medidas de estructuración del INPI, como contratar funcionarios y evaluar sistemas de inteligencia artificial; y formar y sensibilizar en materia de PI a diversos públicos.

Entre las medidas de protección y comercialización figura el lanzamiento de una plataforma digital para el control y la trazabilidad de los productos con Indicación Geográfica (IG) del café. Esta iniciativa forma parte de la Misión 1 de la NIB (cadenas agroindustriales), ya que la propiedad intelectual es uno de sus instrumentos.

Márcio Elias Rosa mencionó otros ejemplos. “En la Misión dos (Complejo Económico-Industrial de la Salud), la información sobre patentes presentadas puede utilizarse para subsidiar políticas de I+D (investigación y desarrollo) para reducir nuestra vulnerabilidad, especialmente en el SUS (Sistema Único de Salud). Y en la Misión 5 (Bioeconomía, Descarbonización y Transición Energética), el objetivo es introducir la cuestión de la propiedad intelectual en el debate de la COP30", señaló. Y esto se debe a que, en su opinión, esta puede ser una herramienta importante para impulsar el desarrollo tecnológico de soluciones sostenibles para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático.

El secretario ejecutivo del MDIC también habló de la sostenibilidad en los medios de producción como una tendencia mundial creciente. "La Nueva Industria Brasil avanza en esta dirección asegurando inversiones en ciencia y tecnología para que el gran activo de Brasil, la sostenibilidad medioambiental, se convierta en un factor importante para atraer inversiones", afirmó. Por último, dijo que los institutos de ciencia y tecnología de Brasil necesitan estar mejor conectados con el sector productivo. "Gran parte de lo que se produce en la universidad debe estar asociado a las necesidades del mercado y al potencial del sector productivo", concluyó, tras elogiar la importancia fundamental del diálogo entre el Gobierno, el ámbito académico, los operadores jurídicos, el sector privado y las asociaciones representativas.

CONOZCA MÁS - El XXIV Congreso Internacional de Propiedad Intelectual fue organizado por la Asociación de Propiedad Intelectual de São Paulo (Associação Paulista de Propiedade Intelectual/ASPI), una de las instituciones de la sociedad civil que participa en los debates del GIPI.

Dicho grupo coordina la implementación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, creada para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual (SNPI), un conjunto de políticas, instituciones y normas orientadas a proteger los derechos de propiedad intelectual en Brasil.  

La ENPI organiza un conjunto de 210 acciones en siete ejes estratégicos, cuya ejecución para el año 2030, cuenta con la participación de instituciones del Gobierno y entidades de la sociedad civil, que, al igual que las instituciones públicas, también se responsabilizan por las acciones.