Por reporteasia
En un contexto global de creciente competencia tecnológica y comercial, la protección de los derechos de propiedad intelectual (IP) se ha vuelto un factor clave en las relaciones bilaterales. Este martes, Estados Unidos reiteró su preocupación sobre el entorno regulatorio de India al mantenerla en la «Priority Watch List» de su informe anual Special 301, que evalúa el nivel de protección y cumplimiento de la propiedad intelectual por parte de sus socios comerciales. La decisión coloca a India en el mismo grupo que China, Rusia y otros países con los que Washington mantiene tensiones en esta materia.
El informe, publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), señala que India «sigue siendo una de las economías importantes más desafiantes del mundo en cuanto a protección y aplicación de la propiedad intelectual».
Además de India, la lista prioritaria incluye a China, Rusia, Argentina, Chile, Indonesia, México y Venezuela. Esta clasificación no es nueva: India ha sido mencionada repetidamente en años anteriores, reflejando una preocupación persistente de parte de las empresas estadounidenses.
La inclusión en esta lista significa que el país en cuestión podría ser objeto de acciones comerciales por parte de EE.UU., como investigaciones bajo la Sección 301 del Trade Act de 1974, que habilita al gobierno estadounidense a imponer sanciones comerciales unilaterales contra prácticas que considere desleales o discriminatorias.
Principales objeciones de EE.UU.: patentes, piratería y falsificación
Uno de los puntos más críticos del informe de este año se refiere a la gestión de patentes en India. Según el documento, las empresas estadounidenses expresan inquietud sobre la revocación arbitraria de patentes y la interpretación «vagamente definida» de los criterios de patentabilidad establecidos en la Ley de Patentes de la India.
El informe también señala que los solicitantes de patentes enfrentan largos periodos de espera para obtener aprobaciones, además de requisitos de información excesivos, lo que dificulta el proceso y desalienta la inversión en innovación.
En paralelo, Washington también cuestiona el débil entorno legal para la protección de secretos comerciales en India, lo que genera «incertidumbre para las empresas que dependen de la confidencialidad para mantener su ventaja competitiva».
Por otra parte, se destaca que India sigue siendo uno de los principales países de origen de productos falsificados que ingresan a EE.UU. Estos productos incluyen desde semiconductores y componentes electrónicos hasta medicamentos, cosméticos, ropa, juguetes y piezas automotrices.
La industria farmacéutica, en particular, está en el centro del debate. El informe sostiene que India, junto con China y otros países, figura entre los principales exportadores de fármacos falsificados incautados en la frontera estadounidense en 2024.
Otra preocupación recurrente del informe es la piratería digital. Se acusa a India de tener niveles altos de piratería en línea y un marco de aplicación ineficaz, lo que afecta principalmente a la industria del entretenimiento y los medios digitales.
Además, el documento subraya los retrasos en la resolución de infracciones de derechos de autor, lo que impide una respuesta rápida y eficaz ante los abusos.
A esto se suman los altos aranceles aplicados a productos farmacéuticos y dispositivos médicos, que, aunque no directamente vinculados a IP, son percibidos por las empresas estadounidenses como una barrera adicional al comercio justo.
India responde: avances parciales y defensa del sistema propio
Aunque el informe de la USTR reconoce que India ha tomado ciertas medidas positivas para mejorar la protección de propiedad intelectual —como cambios en los procedimientos de oposición previa a la concesión de patentes y la simplificación de algunos requisitos— considera que estos avances son aún insuficientes.
India, por su parte, ha defendido históricamente su régimen de propiedad intelectual como uno adaptado a las necesidades de desarrollo del país, especialmente en sectores sensibles como la salud pública.
Los funcionarios indios suelen argumentar que su marco legal busca equilibrar los derechos de los titulares de propiedad intelectual con el acceso a medicamentos esenciales y tecnologías básicas para su población, una postura que ha generado tensiones con EE.UU., particularmente con respecto al uso de licencias obligatorias y otras flexibilidades previstas en acuerdos multilaterales como el Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS) de la OMC.
El informe Special 301 no puede entenderse en un vacío. La relación económica entre EE.UU. e India ha sido ambivalente en los últimos años: mientras crece el comercio bilateral y se fortalecen las alianzas estratégicas, persisten diferencias estructurales en temas regulatorios y comerciales.
La inclusión de India junto a China y Rusia —países con relaciones mucho más tensas con Washington— puede interpretarse como una señal de presión, pero también como una táctica para incentivar reformas sin romper los vínculos existentes.
Cabe señalar que EE.UU. ha utilizado en el pasado la Sección 301 para iniciar disputas comerciales que, en algunos casos, derivaron en aranceles punitivos. Sin embargo, con India, la estrategia ha sido más moderada, privilegiando el diálogo y las negociaciones sectoriales.
Para que India salga de la Priority Watch List en futuras ediciones del informe, la USTR espera acciones concretas que aborden los puntos críticos señalados:
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Mayor claridad en los criterios de patentabilidad.
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Reducción en los tiempos de concesión de patentes.
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Mecanismos legales robustos para proteger secretos comerciales.
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Refuerzo de la lucha contra la piratería y falsificación.
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Aplicación efectiva de sanciones en casos de infracción.
Por su parte, India deberá equilibrar la presión externa con sus prioridades internas, en un contexto donde el acceso a la innovación —especialmente en sectores sensibles como el farmacéutico— sigue siendo un tema de soberanía y equidad.
La decisión de EE.UU. de mantener a India en su lista prioritaria de vigilancia sobre propiedad intelectual refleja tanto las tensiones persistentes como las interdependencias crecientes entre ambas potencias.
Mientras las empresas estadounidenses presionan por mayores garantías legales, India defiende un sistema adaptado a su realidad social y económica. En el fondo, se trata de una disputa entre dos visiones del desarrollo: una que privilegia la protección máxima de la innovación, y otra que busca equilibrarla con el interés público.
El desafío ahora será encontrar espacios comunes para avanzar en la armonización de normas, sin socavar ni los derechos de los innovadores ni las necesidades de los ciudadanos. En tiempos de fragmentación global, esa tarea se vuelve más urgente y más compleja.
