Por Marianny Rosado
Cuando el presidente Trump toma del campo internacional
el principio de la Nación Más Favorecida que se aplica a las relaciones
comerciales entre países, compara los bajos precios que se pagan por
medicamentos producidos en EEUU en otros países desarrollados, con los
altos precios que pagan los estadounidenses por los mismos fármacos en
su propio país.
Tal parece que la intención es igualar ambos precios
argumentando que EEUU debe recibir el mejor trato (o precio) que se le
ofrece a cualquier otra nación en acuerdos comerciales. La medida reduce
un problema complejo a una mentira simple: que los estadounidenses
estan subsidiando a los demás países. Este argumento no considera el
resto de factores que influyen en el proceso de formación de precios.
Las
grandes farmacéuticas estadounidenses (de donde han salido ministros de
defensa, agricultura, procuradores, etc.) capitalizan los beneficios de
un mercado donde el gasto en medicamentos alcanzará por lo menos unos
600.000 millones de dólares para 2025.
Cuando realizan exportaciones,
estas empresas gozan de ventajas fiscales y financieras, trasladando sus
ganancias a países con impuestos mínimos, lo que reduce sus costos
globales sin que ello tenga incidencia en los precios que cobran en
EEUU.
Ciertamente gran parte de la investigación está financiada por
fondos públicos y esto disminuye los costos de desarrollo, pero ese
ahorro tampoco se traslada a los precios que pagan los estadounidenses,
quienes en 2019 gastaron casi 67.000 millones de dólares solo en
medicamentos para la diabetes. Después de todo, la especulación es un
sacrosanto derecho del capitalista.
Tanto
el mercado doméstico estadounidense como los mercados extranjeros
funcionan bajo reglas diferentes, que en muchos casos favorecen a estos
últimos. La falacia consiste en asumir que el mercado estadounidense
subsidia al extranjero, cuando en realidad existen distintos factores
que influyen en la formación de precios. Por ello, equiparar los precios
no garantiza una solución inmediata ni directa.
Parte
de la estrategia empresarial destinada al mercado exterior consiste en
mejorar la tasa de ganancia mejorando la relación entre costos y
precios. Los costos se ven favorecidos por las políticas de los países
importadores (o compradores) que:
1) Exigen el pago de los mínimos
impuestos –el 1% en una buena parte de los casos-, 2) Brindan acceso a
financiamiento con bajas tasas de interés, 3) Permiten el monopolio
comercial de hecho o de derecho, 4) No aplican límites a las tasas de
ganancia, 5) Consolidan compras aplicando negociaciones colectivas y 6)
Tienen políticas de subsidios y control de precios.
Las mismas empresas
farmacéuticas que gozan de todos estos mecanismos de incentivo, también
son favorecidas en EEUU con medidas como: 1) Acceso a incentivos a la
exportación como subvenciones STEP, programas de financiamiento de
exportaciones de la SBA y asistencia técnica a través de centros de
apoyo federal y estatal, 2) Se permiten aumentos acelerados de precios
en EEUU que no guardan relación con el valor clínico del medicamento, 3)
No hay un sistema centralizado de control de precios y 4) Los tratados
internacionales permiten a las farmacéuticas minimizar el pago total de
impuestos a nivel mundial y exportar a mercados con precios regulados,
sin reducir proporcionalmente sus costos. Las Prácticas desleales del
comercio también les contribuyen a mejorar la relación entre costos y
precios, por ejemplo, manteniendo precios bajos selectivamente para
bloquear la competencia en los países importadores, entre muchas otras
conductas monopólicas.
Igualar
los precios domésticos del mercado estadounidense con los de los
“países más favorecidos”, puede impactar negativamente a naciones como
Venezuela y otros países latinoamericanos, donde la capacidad de
producción y acceso a medicamentos es aún limitada. Aunque Venezuela ha
logrado aumentar su producción de medicamentos y registra un crecimiento
sostenido en su sector farmacéutico (14,6% de aumento en 2025 y precios
promedio accesibles, alrededor de 3,40 centavos de dólar por unidad),
la imposición de precios internacionales más bajos podría presionar a
los productores locales y encarecer la importación de fármacos
especializados, especialmente los de alto costo, que aún no se fabrican
en el país. Esto podría agravar las dificultades para garantizar el
abastecimiento y la soberanía sanitaria en contextos económicos ya
complejos, afectando la salud pública nacional y regional, así como el
grado de soberanía farmacéutica que se ha alcanzado tras años de
esfuerzo.
En cuanto a las
medidas concretas, la orden propone negociar con las farmacéuticas para
igualar los precios en EEUU con los más bajos pagados en otros países
y, si no hay acuerdo, imponer regulaciones, facilitar importaciones y
sancionar prácticas anticompetitivas. Pero esta simplificación ignora
que la disparidad en precios es producto de la compleja interacción
entre los factores que hemos mencionado. Si a esta medida se agrega la
imposición de aranceles, aumentarían los costos logísticos y operativos,
encareciendo los precios para los consumidores y difícilmente va a
asegurar precios justos, en un país con altos niveles de enfermedades
crónicas: casi la mitad de los adultos sufren enfermedades
cardiovasculares, un 10% tiene diabetes, 46% es prediabético y cerca del
40% será diagnosticado con cáncer en su vida.
Pero
nada de esto es nuevo, hablamos de una crisis coyuntural de precios que
forma parte de un sistema estructurado que se fisura. Desde que en la
primera mitad del siglo XX se estableciera el estándar médico alopático
(construyendo más de 600 hospitales en 50 países bajo el modelo
Rockefeller, 1913) y se marginara la medicina tradicional (Informe
Flexner, 1910), se consolidó la hegemonía de una industria farmacéutica
ligada al capital petroquímico, a un sistema médico centralizado y a
personeros del gobierno corporativo comprometidos con el capital
privado. Este legado explica en gran medida la estructura actual del
mercado farmacéutico estadounidense y las contradicciones que la orden
ejecutiva no aborda.
Trasladar
un concepto diseñado para relaciones comerciales internacionales al
ámbito interno de regulación de precios farmacéuticos, es una
reinterpretación unilateral del principio de Nación Más Favorecida que
se dirige a empresas privadas para imponer una supuesta igualdad de
precios con los mercados extranjeros sin negociación bilateral ni
reciprocidad, lejos de las prácticas habituales en el derecho comercial
internacional. El problema de la unilateralidad en relaciones
internacionales hace que los países afectados con economías más
vulnerables, queden obligados a subir sus propios precios, afectando la
accesibilidad y sostenibilidad de sus sistemas de salud pública. Además,
la medida podría generar disputas legales internacionales, competencia
desleal, presión para modificar estructuras de precios y producción,
poniendo en riesgo la disponibilidad de medicamentos esenciales, afecta
la cooperación internacional en salud y la posibilidad de mejorar las
dinámicas de los mercados farmacéuticos a nivel mundial.
Hay un principio jurídico que dice que la justicia no puede derivarse de lo injusto "ex iniuria ius non oritur"
