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La diputada federal Duda Salabert (PDT-MG) presentó una solicitud al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir la suspensión de patentes de medicamentos para el VIH/SIDA y otras enfermedades graves. La propuesta, presentada el miércoles (30 ago) se basa en la nueva Ley de reciprocidad económica, que permite la medida en caso de amenazas comerciales o financieras a la soberanía nacional.
Según el documento, la suspensión sería una represalia legítima por la imposición de aranceles abusivos por parte de los Estados Unidos de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 50% a los productos brasileños, visto como un intento de presionar a Brasil para que detenga las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL) y las empresas tecnológicas estadounidenses.
La congresista también señala que existe una demanda de la sociedad civil, incluyendo entidades como la Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el Sida (ABIA) y el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (GTPI), para la suspensión de patentes como una forma de ampliar el acceso universal a la salud. La medida se presenta como una forma de garantizar el acceso universal a los medicamentos esenciales, especialmente para las poblaciones vulnerables, además de "proteger el presupuesto del Sistema Unificado de Salud (SUS), ya presionado por los altos precios de los medicamentos.
La solicitud critica las prácticas de las compañías farmacéuticas estadounidenses, acusadas de usar patentes para imponer precios abusivos y descarrilar la producción nacional o el acceso genérico a los medicamentos esenciales. Uno de los ejemplos citados es el de lenacapavir, antirretrovirales utilizados en el control del VIH, que puede costar 220.000 reales por paciente al año en Brasil, aunque las estimaciones señalan que podría producirse por sólo 25 dólares de los EE.UU. al año, si hubo una ruptura de patente.
Para Duda Salabert, la medida garantizaría el acceso a los medicamentos, aliviaría los costos del SUS y sería una respuesta proporcional a la "hora" impuesta por Trump. Según el parlamentario, la propuesta es un acto de soberanía, justicia social y defensa inflexible de la salud pública y la democracia.
