sindisep
Sindisep-RJ expresa su preocupación por la decisión del INPI de externalizar la búsqueda de antecedentes en las solicitudes de patentes, un servicio con un costo previsto de 3 965 088,00 reales brasileños. Esta cantidad sería suficiente para contratar y remunerar a 20 nuevos funcionarios públicos durante un año, incluyendo la paga extra.
Esta medida, además de violar las atribuciones de los investigadores del INPI, es ineficaz para reducir los plazos de examen. La subcontratación generará trabajo adicional, ya que los examinadores especializados tendrán que verificar el contenido de la búsqueda, dado que la anterioridad es la base para la evaluación de la patentabilidad. La confianza ciega en las búsquedas externas no es viable, y el proceso de búsqueda es crucial para que el examinador comprenda el campo técnico y los problemas que la invención pretende resolver.
Es importante destacar que el modelo de subcontratación es adoptado por oficinas internacionales con un número significativamente mayor de examinadores, lo que les permite una alta especialización. Es decir, en oficinas que cuentan con examinadores especializados en cada clasificación.
En el INPI, debido al reducido número de examinadores, esta especialización no se da, y cada profesional analiza solicitudes de diversas clasificaciones, incluidas solicitudes que solo se encuentran marginalmente dentro de su campo de conocimiento.
Implementar «soluciones» similares a las de las oficinas internacionales, en condiciones fundamentalmente diferentes, es un desperdicio de dinero público y una falsa promesa de «rapidez» a la sociedad. Lo correcto es redirigir los recursos de la subcontratación a la contratación de funcionarios, con una remuneración compatible, garantizando que cada examinador pueda especializarse. Sin esta valoración del funcionario y de todo el instituto, no será posible satisfacer las demandas del país. Además, hay una cuestión fundamental: el INPI desarrolla una actividad típica del Estado y la externalización de una etapa central de su proceso decisorio es coquetear con la privatización.
En la práctica, la búsqueda es una herramienta esencial para que el examinador comprenda la invención y su campo técnico, elementos cruciales para el análisis de la solicitud. Externalizarla es estimular la repetición del trabajo o precarizar el examen, ¡lo cual es inaceptable! ¡Es privatización y desmantelamiento!
