ciudadano.news
Un inédito acuerdo comercial que negocian Argentina y Estados Unidos se encuentra en pausa por una fuerte disputa sobre la ley de patentes, que afecta directamente al precio de los medicamentos y los productos agropecuarios en el país.
La Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, le exige al gobierno de Javier Milei que se respete sin rodeos la propiedad intelectual de sus empresas, una condición indispensable para profundizar la relación comercial. Esta exigencia toca un punto sensible: la derogación de una norma que, desde 2012, permitió a los laboratorios nacionales producir fórmulas a bajo costo.
La pulseada política: Menem vs. Kirchner
El conflicto de las patentes es, en esencia, una batalla ideológica que se arrastra desde hace más de una década.
La ley de patentes original fue sancionada en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner, se dictó una resolución conjunta (firmada entre el exministro de Salud Juan Manzur y la ANMAT) que introdujo tantas regulaciones que impidió de hecho a los laboratorios extranjeros anotar sus patentes en Argentina.
Esta jugada política permitió que los laboratorios argentinos pudieran comercializar libremente medicamentos y productos agropecuarios sin tener que pagar los derechos de propiedad intelectual, ya que las fórmulas no estaban "patentadas o protegidas" legalmente.
Para el gobierno de Milei, que defiende la propiedad intelectual como un "concepto liberal", la resolución de 2012 es vista como una "desnaturalización" de la ley, siendo de ideología opuesta a la actual.
El costo que impacta en el bolsillo
La razón principal por la cual Estados Unidos presiona para que se derogue esta resolución de 2012 es para que sus laboratorios puedan inscribir y proteger legalmente sus invenciones en Argentina.
Pero, ¿cómo afecta esto al ciudadano de clase media?
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) de Argentina ya ha alzado la voz, defendiendo la norma de 2012, con un argumento directo y contundente para el bolsillo de los argentinos: la derogación de esa resolución "encarecería los medicamentos en el mercado local".
Es decir, si se cumple con la exigencia de Washington, el costo de los remedios podría subir para el consumidor.
Es importante aclarar que, en caso de derogarse la resolución, los laboratorios argentinos no deberían dar de baja sus medicamentos actuales. El impacto regiría, de aquí en adelante, para las futuras fórmulas patentadas por laboratorios extranjeros, que son mayormente de los Estados Unidos.
¿Qué se exige además de la derogación?
La exigencia de patentes no es solo una condición para un acuerdo comercial "muy conveniente" que incluiría unos 150 productos con arancel cero.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, también está exigiendo a Argentina que se una al Patent Cooperation Treaty (PCT), un tratado internacional de protección de patentes que agrupa a más de cien países. Argentina actualmente no forma parte del PCT, al igual que Venezuela y China.
La ley de patentes es el motivo principal por el cual el acuerdo bilateral de comercio se encuentra demorado en estas horas. Aunque hubo propuestas para derogar la resolución de 2012, como una presentada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, los negociadores norteamericanos no quedaron conformes.
La fuerte influencia de CILFA en la política, sumada a discusiones internas dentro del propio gobierno de Milei sobre la conveniencia de firmar el PCT (con posturas encontradas entre la excanciller Diana Mondino y figuras como Karina Milei y el ministro de Salud) demuestran que la defensa de las patentes de EE. UU. se ha convertido en un complejo campo de batalla ideológico que impacta directamente en el acceso a la salud y la economía familiar argentina.
