Por Dina Chavez
En defensa, proteger la innovación y el conocimiento estratégico no es una opción, sino una necesidad de primer orden. Tecnologías
críticas, desarrollos sensibles y capacidades innovadoras requieren
fórmulas de protección que garanticen tanto la confidencialidad como el
control sobre las innovaciones desarrolladas.
Lo que está en juego no es poco: hablamos del futuro de un sector en el que la inversión alcanzará este año los 32.700 millones de euros, que impulsa otros sectores clave (como aeronáutica, ciberseguridad, IA…) y que permite a España cumplir con sus compromisos internacionales.
Sin embargo, elegir el mecanismo de protección más adecuado en un sector tan sensible plantea un dilema: ¿Es preferible mantener el conocimiento estratégico en absoluto secreto, o bien asegurar derechos exclusivos mediante el registro de la propiedad industrial? ¿Cómo podemos equilibrar la confidencialidad tecnológica con la autonomía nacional? Hablamos de la dicotomía entre optar por la fórmula del secreto empresarial o bien por la de patente como mecanismos de protección del conocimiento y las innovaciones del sector.
El secreto empresarial es toda aquella información confidencial que resulta estratégica para conservar la ventaja competitiva. Consiste en establecer medidas técnicas y legales que permitan preservar la confidencialidad de esa información. Su principal ventaja es la duración indefinida de la protección (todo el tiempo que se preserve la confidencialidad), lo que resulta ideal para tecnologías sensibles y sistemas de ciberdefensa. No obstante, su fragilidad radica en el riesgo constante de filtraciones o espionaje industrial, lo que podría anular la protección y dejar expuesta la tecnología.
Por otro lado, la figura de la patente otorga derechos exclusivos de explotación sobre una invención durante un periodo amplio, pero limitado, a cambio de la divulgación pública del conocimiento. Sin embargo, en el ámbito de la defensa, esta divulgación puede comprometer la seguridad nacional. Por ello, España contempla excepciones de seguridad nacional en la tramitación de patentes (arts. 111–114 de la Ley de Patentes), que permiten limitar la publicación o clasificar la invención con carácter secreto en determinadas solicitudes que afecten a la seguridad o defensa.
Patente secreta
En estos casos excepcionales, la patente no se publica, se gestiona de manera confidencial y puede reconocerse compensación económica al inventor. Es lo que conocemos como patente secreta. De acuerdo con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), estas patentes "no ven la luz" porque contienen invenciones estratégicas en áreas como sistemas aeronáuticos, armamento, materiales energéticos, sistemas químicos y biológicos, electrónica y logística, cuya divulgación podría poner en peligro la seguridad nacional.
Un caso muy estudiado es el de Estados Unidos donde, desde la Segunda Guerra Mundial, se implementó la Invention Secrecy Act, que permite mantener en secreto ciertas solicitudes para evitar que tecnologías militares críticas caigan en manos indebidas. Por ejemplo, la NSA (National Security Agency) ha registrado cientos de patentes secretas relacionadas con criptografía, seguridad informática y algoritmos avanzados, muchas de las cuales no se publican para proteger su uso estratégico.
Sin embargo, la fórmula de la patente secreta implica costes administrativos y no está exenta de riesgos. Aunque permite mantener la invención fuera del dominio público, su gestión altamente controlada puede ralentizar el proceso de explotación. Además, el secreto no es indefinido y puede levantarse exponiendo la tecnología en un momento en que aún podría ser sensible.
Por ello, la protección óptima del conocimiento en el sector defensa no reside en elegir entre el secreto empresarial o la patente secreta, sino en articular ambos mecanismos de forma complementaria y selectiva en función de la naturaleza de la tecnología, su nivel de sensibilidad y el contexto operativo en el que se desarrolla.
Esta estrategia dual, aplicada con criterio técnico y visión estratégica, permite preservar la autonomía tecnológica del país, fomentar la innovación de alto impacto y asegurar la competitividad internacional en un entorno geopolítico cada vez más exigente.
