El reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos reabrió un debate que atraviesa economía, salud y desarrollo: el de la propiedad intelectual (PI) en la industria farmacéutica. El tema puede parecer técnico, pero sus efectos son concretos: definen cuánto tiempo dura el monopolio del que desarrolla un medicamento y si hay lugar para la competencia una vez vencida la patente.
En Argentina, un país con un entramado farmacéutico robusto –uno de los sectores más dinámicos de la industria nacional, salarios superiores al promedio manufacturero, fuerte orientación a investigación y desarrollo, y un perfil productivo que combina empleo calificado y capacidades científicas difíciles de replicar–, los cambios en materia de patentes pueden redefinir la estructura competitiva y el acceso a tratamientos esenciales. El sector explica 4% del Valor Agregado Bruto industrial y 3,4% del empleo industrial, indicadores que muestran un peso relativo mayor al de muchas otras ramas manufactureras.
Qué plantea el acuerdo
Entre sus capítulos, el acuerdo incluye cambios en materia de propiedad intelectual, que básicamente es el sistema que define quién puede producir un medicamento y por cuánto tiempo. Estados Unidos busca extender y reforzar esas protecciones, especialmente en el caso de las patentes secundarias, porque eso les garantiza a sus empresas más años de exclusividad y menos competencia temprana en otros países.
En la industria farmacéutica existen dos grandes tipos de patentes:
● Patentes primarias: protegen el principio activo original. Es decir, es el desarrollo de un medicamento nuevo.
● Patentes secundarias: protegen nuevas formulaciones, dosis, formas de liberación o nuevos usos. A veces introducen cambios importantes, pero en muchas otras ocasiones los cambios pueden ser menores, como un nuevo sabor o un nuevo tamaño en un mismo producto.
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Las patentes secundarias son el terreno más controvertido. A veces representan mejoras reales, pero otras constituyen una estrategia conocida como evergreening: cuando un laboratorio utiliza variantes menores para extender artificialmente la exclusividad de un medicamento cuya patente principal está por vencer. En la práctica, esto demora la competencia y mantiene precios altos por más tiempo.
La advertencia no es teórica. Un estudio reciente de FIEL estimó que, si Argentina hubiera aceptado las solicitudes de patentes secundarias presentadas desde 2012, el país habría enfrentado un incremento del 139% en el gasto en medicamentos entre 2021 y 2023, equivalente a un costo adicional anual de 2.214 millones de dólares.
Argentina cuenta, desde 2012, con una guía específica que restringe la patentabilidad de variantes menores y limita la posibilidad de otorgar patentes secundarias sin justificación sólida. Esa regulación –amparada por las flexibilidades del acuerdo internacional ADPIC– fue decisiva para que la industria local pudiera competir, producir, abastecer el mercado y sostener precios más accesibles en un sector altamente concentrado.
Qué está en juego
Ceder esa excepción sería un retroceso. Reduciría el margen regulatorio que permitió construir un entramado productivo propio y consolidar capacidades que hoy sustentan empleo calificado, desarrollo científico y producción local.
Si el país adoptara un estándar más estricto en patentes secundarias:
● Se retrasaría la entrada de genéricos y biosimilares, claves para bajar precios.
● Se elevarían los costos del sistema de salud (obras sociales, prepagas, PAMI, Estado).
● Se achicaría el margen competitivo de los laboratorios que producen en el país.
● Se limitaría el espacio para políticas industriales, incluyendo la producción de biosimilares, vacunas y medicamentos de alto costo, y el uso de herramientas como el Compre Nacional y la orientación del gasto público en ciencia y tecnología hacia desarrollos locales.
Todas estas líneas son centrales en la agenda de desarrollo productivo del país.
Si bien se mencionan posibles beneficios –como mayor previsibilidad o nuevas oportunidades de cooperación tecnológica–, sus impactos son difusos, y no está claro que una ampliación de patentes secundarias genere más innovación en Argentina. La evidencia internacional no muestra que flexibilizar estos criterios impulse capacidades propias en economías de desarrollo medio.
La experiencia reciente –desde la pandemia hasta la producción local de medicamentos biotecnológicos– muestra que Argentina tiene capacidades que vale la pena preservar y ampliar. En ese contexto, ceder en patentes secundarias no sólo afectaría precios y acceso, sino que implicaría retroceder en el esquema que permitió construir una industria competitiva y científicamente sofisticada.
Más allá de las leyes, lo que realmente está en juego es el grado de autonomía que conserva el país para interpretar los criterios de patentabilidad. El acuerdo sobre los ADPIC no define qué debe entenderse por novedad, altura inventiva o aplicación industrial: deja ese margen a cada Estado. La Argentina utilizó ese espacio en 2012 para establecer, mediante una resolución conjunta hoy judicializada, un estándar riguroso que evita conceder patentes por modificaciones triviales que no constituyen innovación genuina. Ese criterio permitió limitar el evergreening, fomentar la competencia y resguardar un equilibrio entre salud pública, acceso y desarrollo productivo. Cualquier compromiso internacional que restrinja ese margen interpretativo –aunque no modifique la Ley de Patentes– implicaría, en los hechos, retroceder en soberanía regulatoria y abrir la puerta a una mayor concentración y a precios más altos.
La clave será que los compromisos internacionales no limiten la posibilidad de seguir combinando política sanitaria, política industrial y soberanía tecnológica. En un sector tan sensible y estratégico como el de los medicamentos, ese equilibrio define los precios, el acceso y el futuro del desarrollo productivo argentino.
