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La discusión venía madurando en despachos oficiales, laboratorios y embajadas, pero terminó explotando donde hoy se libran muchas de las verdaderas batallas del poder: un grupo de WhatsApp.
Allí, empresarios farmacéuticos, ejecutivos del agro, lobbistas y funcionarios del Gobierno dejaron al desnudo una disputa de fondo que excede lo técnico y toca uno de los nervios más sensibles de la economía argentina: quién fija el precio de la salud y bajo qué reglas se protege la innovación.
El detonante fue la reciente decisión oficial de derogar la resolución de 2012 que endurecía los criterios de patentabilidad farmacéutica, una norma que durante más de una década había funcionado como escudo para la industria nacional. La medida, impulsada por el equipo de desregulación que conduce Federico Sturzenegger, abrió un choque inmediato entre el Estado y los dueños de laboratorios locales.
El primero en levantar la voz fue Marcelo Figueiras, titular de Richmond, quien cuestionó que la Argentina avance hacia un esquema más cercano al estándar norteamericano. Del otro lado respondió Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, con un argumento tan directo como incómodo: si países como India respetan la propiedad intelectual y aun así logran medicamentos más baratos, entonces el problema argentino no estaría en las patentes sino en la estructura del mercado.
La discusión escaló rápidamente hacia el terreno más sensible: los precios. Dentro del chat aparecieron comparaciones que expusieron una brecha difícil de ignorar. Cacace citó el caso del Ozempic, del laboratorio Novo Nordisk, con valores internacionales de entre US$13 y US$40, frente al biosimilar local comercializado por Elea, que en la Argentina se mueve en una franja de US$80 a US$200 según la dosis.
Ese dato abrió una fisura aún mayor. El productor Miguel de Larminat sostuvo que en la Argentina muchos medicamentos, incluso con patentes vencidas, cuestan entre tres y quince veces más que en países donde rige la protección intelectual. La acusación fue acompañada por una crítica estructural: la falta de competencia real de genéricos y el peso que mantienen los laboratorios nacionales sobre la cadena de distribución.
Desde el sector empresario, la réplica fue inmediata. Figueiras negó que pueda generalizarse a partir de casos individuales y defendió que la comparación internacional debe considerar impuestos, sistemas de reintegro, escalas de producción y políticas de subsidios. El punto no es menor: detrás del debate técnico asoma una pregunta política decisiva sobre el modelo sanitario argentino, si debe privilegiarse la protección industrial local o el abaratamiento inmediato para los consumidores.
El trasfondo de la pelea es todavía más profundo. El Gobierno busca enviar al Congreso la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una exigencia histórica de Washington que había quedado congelada por la resistencia de la industria farmacéutica nacional. Esa pulseada ya obligó incluso a suspender un debate legislativo previsto esta semana, señal de que la resistencia empresarial conserva capacidad de presión.
Lo que dejó al descubierto este chat no fue sólo una discusión sobre propiedad intelectual. Fue la radiografía de dos modelos de país: uno que entiende la patente como incentivo indispensable para atraer innovación y nuevas terapias, y otro que teme que esa apertura termine consolidando monopolios globales y encareciendo aún más el acceso a medicamentos esenciales.
En un contexto de ingresos golpeados y fuerte sensibilidad social por los costos de salud, la pelea promete salir del WhatsApp y trasladarse al Congreso, a los tribunales y, sobre todo, al bolsillo de millones de argentinos. Porque detrás de cada patente no sólo hay una fórmula química: hay poder económico, empleo, lobby y una definición central sobre quién paga el precio de curarse.
