El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina falla a favor del uso de la patente del dolutegravir sin la autorización de sus dueños, como camino para abaratar los costos y ampliar el acceso
Por Andrés Ortiz
Colombia podrá producir e importar a gran escala un medicamento genérico y asequible para el VIH. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al fallar, esta semana, a favor del país en el litigio que mantenía con dos farmacéuticas extranjeras por el uso de la patente del dolutegravir. La decisión autoriza al Estado a usarla sin el consentimiento de sus titulares, una batalla en la que se ha empeñado el Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro. Las derrotadas son las demandantes ViiV Healthcare, una compañía británica especializada en tratamientos contra el VIH, y la japonesa Shionogi. Ambas sostenían que la licencia obligatoria que impuso el Ministerio de Salud en 2024, en una decisión inédita que autorizó la fabricación e importación del fármaco por razones de interés público, era ilegal.
En su sentencia, el tribunal ha concluido que Colombia no incumplió la normativa andina que regula la protección de patentes y avaló el uso de licencias obligatorias en casos de interés público, como el acceso a tratamientos contra el VIH. Las farmacéuticas alegaban que el Gobierno no justificó suficientemente la medida ni definió con claridad aspectos como su duración, su alcance o la compensación económica para los titulares de la patente. También cuestionaban que no se hubieran agotado vías previas como la negociación directa. El tribunal rechazó estos argumentos y señaló que los Estados pueden otorgar este tipo de licencias cuando exista una justificación válida, con margen para fijar sus condiciones caso por caso, sin necesidad de autorización de las empresas.
El origen del litigio se remonta a octubre de 2023, cuando el Ministerio de Salud declaró el medicamento como de interés público, y a abril de 2024, cuando formalizó la licencia obligatoria. Se trató de una decisión inédita en Colombia. Si bien el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos había iniciado el mismo proceso con el imatinib, un tratamiento para algunos tipos de cáncer, finalmente negoció un menor precio con la farmacéutica dueña de la patente, así que el proceso nunca llegó a la licencia obligatoria.
En el caso del dolutegravir, el Gobierno autorizó a otros fabricantes a producir o importar versiones genéricas sin permiso del dueño de la patente, con el objetivo de reducir precios y ampliar el acceso. Fue entonces que las farmacéuticas demandaron al Estado alegando que esta medida violaba sus derechos de propiedad intelectual.
La decisión del tribunal regional consolida una de las medidas más ambiciosas del Gobierno Petro en materia de acceso a medicamentos y le otorga una victoria en el frente de la salud, un sector deteriorado en su administración y en un contexto marcado por críticas a su gestión del sistema. En medio de problemas de financiación, dificultades en el acceso a servicios y tensiones con aseguradoras, el fallo representa un respiro para el Ejecutivo y refuerza su apuesta por intervenir el mercado farmacéutico para abaratar tratamientos.
La decisión llega, además, en un momento de alta presión: este miércoles, el estatal Instituto Nacional de Cancerología anunció que no atenderá a nuevos pacientes con cáncer remitidos por Nueva EPS, la principal aseguradora del país y de propiedad y administración también del Ejecutivo. La prestigiosa clínica argumenta la falta de un contrato que garantice los pagos, otro de varios episodios que evidencian la magnitud de la crisis.
El Gobierno ha celebrado el fallo del tribunal con sede en Quito. En un comunicado, el Ministerio de Salud ha asegurado que “esta medida garantiza un equilibrio entre la protección de la salud y la regulación de la propiedad intelectual” y que permitirá “fortalecer el acceso a tratamientos y avanzar hacia una mayor equidad en salud”. El presidente Petro también ha reivindicado la sentencia como una victoria y ha afirmado que su Gobierno ha “reducido al máximo el precio de la medicina contra el sida” – aunque el dolutegravir es un medicamento para el tratamiento del VIH, el virus que, sin tratamiento, puede derivar en esa enfermedad.
La reducción de los precios ha sido, en efecto, significativa. Según la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, un frasco de 30 tabletas de 50 mg costaba alrededor de 480.000 pesos en 2023 (unos 95 dólares al cambio de entonces), antes de la licencia obligatoria. Tras la entrada de versiones genéricas, el costo ha bajado a unos 15.000 pesos por frasco (algo más de cuatro dólares), lo que supone una reducción de más del 90% y permite ampliar sustancialmente la cobertura. Ese cambio, en todo caso, aplica únicamente a través de sistemas de distribución pública y las EPS, no en farmacias comunes, donde el precio continúa en 480.000 pesos.
Más allá de este caso concreto, el fallo representa una victoria para los Estados en la discusión sobre su capacidad para intervenir en patentes en contextos de salud pública, un debate que ha adquirido especial relevancia después de la pandemia de Covid 19. En ese sentido, el tribunal sienta un precedente que otorga margen de maniobra a los países en su esfuerzo de priorizar el acceso a tratamientos esenciales de manera asequible y amplia. Y, de forma concreta, abre el camino para que Colombia y los demás países sujetos a la normativa andina (Perú, Ecuador y Bolivia) puedan decretar otras ciencias obligatorias, siempre y cuando se cumplan los requisitos que el Tribunal revisó y validó en el caso del dolutegravir.
origen: https://elpais.com/america-colombia/2026-04-29/colombia-gana-la-disputa-legal-internacional-para-producir-genericos-de-la-principal-droga-para-tratar-el-vih.html
