sábado, 14 de mayo de 2011

República Dominicana: Oficina de patentes celebra una misa para mejorar su funcionamiento

 Observatorio Sudamericano de Patentes 


Las oficinas de patentes y marcas que funcionan bajo la órbita de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) están atravesando una serie de dificultades como consecuencia de la gran cantidad de expedientes acumulados por el inmenso número de solicitudes que saturan la institución encargada de aplicar las leyes de propiedad industrial.
La oficina dominicana ha decidido recurrir a una “ayuda extra” para intentar salir de esa situación de colapso ocasionado por las grandes corporaciones transnacionales, que ingresan sus pedidos de protección por patentes y marcas para penetrar el mercado nacional.

lunes, 25 de abril de 2011

Las corporaciones diseñan su futuro con propiedad intelectual : Infeliz carta de ayuda enviada por nueve oficinas sudamericanas a la OMPI

 Observatorio Sudamericano de Patentes

Según la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) -brazo especializado de la OMC, de los Estados Unidos y Europa- ha “reaccionado positivamente” al pedido de un grupo de nueve países de América del Sur – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay – de asistirlos en las actividades que desarrollarán para mejorar los servicios que prestan a los usuarios nacionales e internacionales del sistema de propiedad intelectual (P.I.) y que, en una primera etapa, ello supondrá compartir los resultados de los exámenes de las solicitudes de patentes así como otros recursos de P.I.
En realidad OMPI se ayuda a sí misma y a las corporación para las que trabaja y de las que cobra su presupuesto y los abultados sueldos de los abogados, técnicos e ideólogos que se encuentran viviendo en Ginebra, a cambio de evangelizar a los países sudamericanos (y el resto de la periferia) con el discurso demagógico que convoca a “diseñar el futuro”.
El pedido de “ayuda” a la OMPI figuraba en una carta dirigida a su Director General, el australiano Sr. Francis Gurry, y fue firmada de puño y letra por el Presidente de la oficina de propiedad industrial de la Argentina (INPI-Argentina), Sr. Mario Aramburu, en nombre de los nueve países. En la carta se informaba que los nueve países habían decidido llevar adelante un proyecto regional cuyo objetivo es “desarrollar una plataforma común que permita la integración, el intercambio de información y la compatibilidad de los sistemas de las nueve oficinas participantes.
” El proyecto lleva el nombre de “Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial” y se lo conoce por las siglas PROSUR. En la carta se pide la cooperación de la OMPI “para apoyar el desarrollo general del proyecto PROSUR … en su calidad de agencia cooperante y especializada”.
Fuentes cercanas a OMPI aseguraron que la decisión de que fuera la oficina argentina quien llevara adelante el pedido responde a bajar la exposición de la oficina brasileña dado la delicada situación por la que atraviesa su director, Jorge Ávila, quien ya ha sido acusado de defender intereses de laboratorios extranjeros, no así los demás representantes de las oficinas participantes, quienes desarrollan un doble juego: por un lado adoptan posiciones favorables al organismo internacional y las empresas globales –farmacéuticas y biotecnológicas principalmente- y por el otro lado afirman defender la propiedad intelectual y fomentar la innovación de sus países, hechos que son mutuamente excluyentes.
OMPI dice ser consciente de la preocupación general que causan la calidad de las patentes y la eficiencia del sistema mundial de patentes, ha desarrollado una plataforma tecnológica, denominada WIPO-CASE, que permite compartir los resultados confidenciales de las búsquedas y los exámenes entre las oficinas de P.I., la cual ya está siendo utilizada o evaluada por otros grupos regionales. De hecho, OMPI es consciente que el sistema de patentes tal cual ha sido diseñado por las multinacionales entró en colapso y, so-pretexto de disminuir la acumulación de solicitudes de patentes, coopta oficinas de países sudamericanos detrás de un proyecto que fue señalado como dudoso y perjudicial para los ciudadanos por varias ONGs de la salud y los alimentos, además de especialistas en P.I. de todo el mundo.
En verdad, el organismo mundial “cooperante” esta enlazando las regiones del mundo y armonizando el funcionamiento de las oficinas de propiedad intelectual hasta llegar a una convergencia en la “Patente Mundial”. En este punto los resultados de concesión de una patente de un país en vías de desarrollo o no desarrollado, quedará en manos de oficinas y examinadores de patentes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Australia o Gran Bretaña.
Aquí se acaba la soberanía de un Estado para diseñar su futuro en materia de desarrollo industrial nacional porque la propiedad intelectual es un medio de construir el desarrollo de los países más avanzados. La cooperación y plataformas de trabajo son instancias previas a la obtención del objetivo deseado por la OMC / OMPI: derrumbar las barreras que impiden el patentamiento de todas las tecnologías creadas por las empresas monopólicas globales.
El Sr. Gurry expresó su satisfacción por la colaboración que se han planteado esos nueve países de América del Sur. El Sr. Aramburu dijo que se trata “del primer paso hacia la integración de las oficinas de P.I. de la región”.
¿Que dirán los presidentes de estos países?

lunes, 18 de abril de 2011

La “inocencia” del gobierno argentino en propiedad intelectual

 Observatorio Sudamericano de Patentes

 Ministra de producción, Débora Giorgi

Una vez más el gobierno de Cristina Kirchner se presta a la trampa montada por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) y su socio local, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), perteneciente al Estado argentino.
El programa del encuentro regional con la participación de “30 expertos internacionales” se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en un hotel céntrico de esta sureña ciudad, los días 6 y 7 de abril con la participación de actores públicos y privados, como le gusta aconsejar a los lobistas norteamericanos en materia de propiedad intelectual para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales y las ganancias de las empresas: mezclar funcionarios del gobierno y lobistas internacionales para blanquear las políticas neoliberales que en materia de propiedad intelectual continúan en varios países de la región.
Los funcionarios argentinos (incluída la Ministra de producción, Débora Giorgi) y latinoamericanos aparecen como invitados en su propia tierra, y los usuarios y beneficiarios  asistentes al evento como los integrantes de los estudios jurídicos o empresas transnacionales, hacen de parteners en el montaje de un escenario donde se captan también a las universidades o sectores nacionales empresarios. El desparpajo es tal que la asistencia a la reunión organizada por un organismo nacional  es además arancelada.
El llamado al encuentro regional se basó en una de las falsas premisas con la que los ideólogos de la propiedad intelectual hacen propaganda del sistema mundial de las patentes -que beneficia a las empresas extranjeras- relacionando la información contenida en los documentos de patentes con la innovación tecnológica como reza el programa del encuentro de Buenos Aires. La trampa consiste en magnificar supuestas cualidades de la información técnica develadas en las patentes y hacer creer a los empresarios, investigadores y al mismo gobierno que la información que brindan son un mecanismo de acceso a la innovación: este argumento es rechazado por muchos especialistas de renombre mundial reconocidos por el propio gobierno argentino como Joseph Stiglitz.
Mientras tanto y bajo este manto de fastuosos encuentros auspiciados por el organismo internacional de la propiedad intelectual OMPI, se continúa presionando al gobierno de Cristina Kirchner  para modificar leyes e intentar extender el plazo de vigencia de las patentes medicinales, crear monopolios en materia de software y biotecnología -controladas por Estados Unidos y Europa- o aumentar las penas para el mal denominado delito de “falsificación de marcas” -que ya está tipificado en la ley argentina- pero que se intenta utilizar para evitar la aparición de medicamentos genéricos en el país.
La maniobra consiste en asociar un delito real y cuantitativamente poco frecuente como la adulteración de un medicamento (penado por la ley argentina) a la falsificación de una marca e impedir el ingreso de medicinas a precios más baratos desde mercados alternativos como el chino o indio, beneficiando a laboratorios de los EE UU,  la Unión Europea o Israel.
En el encuentro de especialistas abundó la presencia de aliados de OMPI, un representante de empresas británicas, un integrante de cámaras farmacéuticas españolas, varios de la oficina española de patentes y marcas (OEPM), un innoto conferencistas colombiano, algún funcionario de la oficina de patentes de Brasil -cuestionada por defender intereses farmacéuticos no nacionales- representantes de universidades privadas, algunos pocos incautos funcionarios argentinos de tercera y cuarta línea, y varios funcionarios de OMPI, quienes fueron los anfitriones, pues un solo expositor resulto pertenecer a la oficina  argentina.
La oficina de patentes argentina y la “inocencia” del gobierno tras el espejismo de la innovación a través de la propiedad intelectual desdibujan al gobierno nacional y popular de Cristina