Organismo duplicó ingresos por marcas y patentes pero eliminó beneficios a trabajadores
Prensa Industrial
Trabajadores en las puertas del INPI-AR reclamando sus derechos
Buenos Aires.- Los trabajadores de
marcas y patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
de la Argentina (INPI) se concentraron
en las puertas de la institución impidiendo el registro de solicitudes
de patentes y marcas para reclamar por la implementación de la carrera
administrativa y la reimplantación de los beneficios anuales
eliminados en 2011.
Los trabajadores
resolvieron
en Asamblea reclamar por un 15% de aumento adicional sobre el magro 20% (en
dos cuotas de 10) para alcanzar así los niveles de inflación reales
de la canasta básica estimados en un 35% anual. "Mientras aumentan las ganancias de las empresas transnacionales en el país, se nos niegan mejores condiciones salariales" dijeron los representantes de los trabajadores concentrados en las puertas del organismo. "Quieren cumplir con las empresas pero no con quienes custodiamos las patentes", agregaron.
Esta medida se realizó
en el marco de un compromiso no cumplido por las autoridades del
organismo que estancaron los ingresos de los funcionarios públicos
de la propiedad industrial pero si duplicaron (desde hace 500 días
según el reclamo) las tasas por registro de solicitudes de marcas,
patentes, diseños industriales y contratos de transferencia de
tecnología: los cuatro principales ingresos que el INPI recibe por
cobro de arenceles provenientes en un 80% de patentes, un 50% de
marcas y más del 80 % de registros de contratos de las empresas
transnacionales.
En la normativa vigente
aplicada desde la década del neoliberal gobierno de Carlos Ménem,
las tasas percibidas son desviadas a las arcas del una cuenta única
del Tesoro Nacional sin redistribuirse entre los trabajadores de la
institución encargada de aplicar las leyes de propiedad industrial
en territorio argentino.
La institución -que
recientemente dicto una nueva normativa para el patentamiento de
invenciones farmacéuticas- viene adeudando a sus trabajadores
mejoras salariales y la aplicación de la carrera profesional largamente postergada (desde el 2005) para
acabar con el clientelismo político-gremial y las injusticias en
materia de recategorizaciones: práctica nefasta que azota a los más
antiguos empleados del INPI-AR.
El organismo comenzo a acumular expedientes de marcas y patentes en trámite (Backlog), que es la causa de los mayores reclamos de los laboratorios extranjeros al gobierno argentino.
Pfizer, AstraZéneca, Elli Lily, Dupont y las empresas agroexportadoras y productoras de alimentos y semillas como Nidera, Monsanto o Cargill junto a OMPI y la embajada de Estados Unidos han presionado reiteradamente al gobierno de Cristina Kirchner para dejar en manos de oficinas extranjeras la concesión soberana de patentes, pretendiendo que la Argentina adhiera al tratado internacional PCT, perjudicial para el país según evaluaciones realizadas por los trabajadores de la propiedad industrial que reclaman mejoras.
