Jorge Ávila. Foto: Amcham
El Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual
(GTPI) de Brasil envió una denuncia a la Comisión de Ética Pública para que sea
investigada una supuesta infracción por
parte del presidente del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de ese país, Jorge Ávila, por violar el Código de Conducta de la Alta
Administración Federal (CCAAF).
La
denuncia fue motivada por la realización de un Taller en la sede del
INPI los días 18 y 19 por la Biotechnology Industry Organization (BIO), una “asociación
de comercio” (trade association) con base en los Estados Unidos que congrega
empresas privadas que trabajan con biotecnología.
En la programación del evento se incluye el
objetivo de capacitar a los examinadores para el análisis de los requisitos
necesarios para la concesión de una patente en el área de la biotecnológica.
Después del evento, el INPI divulgó una nota en
la que se destaca el aspecto técnico de la reunión: “El encuentro siguió con debates
sobre temas técnicos relacionados a las patentes de biotecnología, como
productos aislados de la naturaleza; el concepto de obviedad; familias de
patentes; sumatoria de solicitudes, y patentes relacionadas a recursos
genéticos”.
De acuerdo con GTPI, se trata de un caso
innegable de conflicto de intereses, pues, en la práctica, el regulado
(organización privada) que ansía la concesión de patentes, está influenciando
directamente al regulador (el INPI), responsable por la concesión de la
patente.
El propio sindicato de examinadores del INPI
clasificó la iniciativa como una exposición de los funcionarios al lobby de las
empresas extranjeras.
En
materia publicada por el diario “Estado de São Paulo”, la dirección del
INPI alega que los examinadores si deben tener contacto los “usuarios” en el
caso de las empresas que solicitan patentes y que no pueden discriminar
empresas extranjeras en la prestación de servicios públicos ofrecidos por el
INPI.
EL GTPI considera que en este caso el promotor
del evento, la BIO, tiene un interés directo en la decisión de la autoridad
pública en cuestión, el INPI, y por eso, este workshop para capacitar
examinadores coloca en riesgo la integridad ética de la administración. Existen
muchos criterios en el análisis de una patente que pueden ser aplicados de
forma más rigurosa o más flexible.
Es evidente que las empresas representadas por la
BIO, tienen interés en un análisis más flexible de modo que puedan obtener más
patentes. También es evidente que el examinador, aunque expuesto a una
situación de lobby como esta, tiene poder de discernimiento. Pero por encima de
todo es evidente que un ente de autarquía federal como el INPI no debe incurrir
en el favorecimiento de intereses privados y debe siempre tener el interés
público nacional como norte de sus decisiones. Además de la antiética, esa
postura, en la medida en que puede estimular un patentamiento excesivo, puede
generar monopolios indebidos sobre tecnologías de interés público, dificultando
así el acceso a ellas.
