Ranking 2012 de las Oficinas de Propiedad Intelectual de Latinoamérica y El Caribe

 

Tarso López

El año 2012 ha sido un nuevo año victorioso para las empresas transnacionales que comercializan sus bienes y servicios protegidos monopólicamente a través de las marcas, patentes y derechos de autor. Estos tres instrumentos de la propiedad industrial o intelectual favorecen en mayor grado a las empresas extranjeras que a los propios Estados nacionales.
Sin embargo, las oficinas de marcas, patentes o registros autorales nacionales aplican la supeditada a los acuerdos TRIPS-ADPICs regulados por la OMC/OMPI y contrarios a los intereses de la economía regional y local.
La OMPI, el gobierno de los Estados Unidos a traves de la USRT y AmCham, la OMC controlan las oficnas de propiedad industrial/inteletcual y a los máximos funcionarios quienes se prestan a favorecer los intereses de las empresas estadounidenses, canadienses y europeas.
Con estrategias similares de dominación y propaganda cooptaron a las autoridades de varios países que se han vendido a estos oscuros intereses que muestran a estos mecanismos de libre comercio como panacea para el desarrollo económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental.

INPI - BR

Jorge Ávila, director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI BR) se lleva todos los laureles en su trabajo continuo y agresivo de firmar cuanto acuerdo internacional a favor de los Estados Unidos y Europa le ofrezcan. En su militancia neoliberal arrastra a otras áreas de su gobierno para venderles el mito de la propiedad intelectual como creador de riqueza y ganancias brasileras. La realidad indica que son las empresas extranjeras quienes se benefician de la aplicación de las leyes de patentes y marcas.  Es un ideólogo de la creación de monopolios y ya ha creado un Doctorado en materia de propiedad industrial. Ha sido calificado por el Diputado nacional del PT, Dr. Rosinha, de “fiel escudero de las industrias farmacéuticas extranjeras”. También fua acusado por los trabajadores de su institución por asedio moral, entrega de soberanía nacional y tercerización laboral: un agente de los intereses de EE UU y Europa en el propio gobierno de Dilma, aunque pocos entienden como aún continúa en su cargo.

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INPI- AR

El presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI-AR), Mario Aramburu, es un gran competidor del brasilero Jorge Ávila. Se auto-elogia por ser el director más antiguo en el cargo de Sudamérica y El Caribe. Este hecho lo ha sido merecedor de “capitanear” el nefasto proyecto PROSUR para examinar y compartir los resultados del análisis de las patentes (y en un futuro las marcas) que se presentan en cada uno de las 9 oficinas que forman parte de este proyecto (menos Venezuela y Bolivia).

Su oficina está prácticamente controlado por los bufetes de abogados quienes contratan a los profesionales de marcas y patentes de la institución luego de algunos años de entrenamiento pagado por el Estado Argentino. Los casos más resonantes son los de los antiguos Directores de Patentes y de Información Técnica quienes fueron contratados por oficinas privadas de abogados de grandes empresas extranjeras.

Recientemente firmó un convenio con la Universidad del Opus Dei y OMPI para lanzar un posgrado de propiedad intelectual regional a la medida de las empresas extranjeras: un mal representante del gobierno kirchnerista que aún queda en el Estado Argentino que fue engañado por los científicos formados en Estados Unidos para apoyar a la propiedad intelectual de algunas patentes de investigadores nacionales a cambio de entregar la economía argentina a los monopolios de EE UU.

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IEPI

En tercer lugar y a distancia considerable de Brasil y Argentina, aparece el ecuatoriano Andrés Ycaza, quien con un discurso confuso y contradictorio del expresado por el presidente Rafael Correa, asiste a cuanto evento de OMPI puede y firma extraños  acuerdos bilaterales con la Oficina Chilena. También realiza campañas contra la “piratería” diseñados por los funcionarios de OMPI y a favor de las industrias culturales estadounidenses.

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OCPI

Por primera vez aparece en el ranking la oficina cubana de propiedad industrial quien mantiene una fluida relación con la OMPI. Actuando como uns Estado dentro de la propia Cuba, establecio en 2012 una normativa nacional de patentes a la medida de lo solicitado por la OMC al proteger sus invenciones por 20 años, mientras la cancillería de su país reclama todos los años por las marcas de ron y tabaco expropiadas injustamente por la oficina de masrcas y patentes de Estados Unidos (USPTO).

Lamentablemente, la oficina cubana cuenta en su haber con tres funcionarios que habiendo trabajado en la OCPI, se han sumado luego a las tropas de OMPI en Ginebra, con suculentos salarios en euros y un fiel servicio de cooperación y adiestramiento al resto de las oficinas latinoamericanas y caribeñas como staff del organismo internacional controlado por EE UU.

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En fin, casi todos los funcionarios de oficinas de propiedad intelectual se han prestado a las políticas entreguistas en contra de los intereses de sus propios países. 

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