obsupat.-La "visita" de Barak Obama a la Argentina estuvo precedida de un feroz lobby sobre funcionarios del gobierno de Macri para derogar normativa relacionada a los procedimientos de concesión de patentes farmacéuticas y biotecnológicas. El CEO de la Cámara de Comercio de EEUU en el país (AmCham) hizo saber días antes de las intenciones de las empresas estadounidenses para que Argentina se incorpore al tratado TISA y PCT.
El Acuerdo en comercio de servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TISA) es un tratado internacional en el que entran 23 países, incluyendo los que pertenecen a la Unión Europea y EE.UU. El acuerdo promueve la liberalización a escala global del comercio de servicios como la banca o el transporte.
Por su parte, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido generalmente como PCT crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros contando en la actualidad con aproximadamente 150 países. Este acuerdo es el paso previo a la patente mundial que las empresas globales anhelan.
Al mismo tiempo, los abogados o agentes de propiedad industrial representantes de estas corporaciones en Argentina agrupados en la AAAPI, ya habían solicitado la derogación de resoluciones implementadas durante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que regula el procedimiento de concesión y denegación de solicitudes de patentes farmacéuticas por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
Los agentes pidieron al ministro de producción argentino la derogación de una resolución conjunta de las carteras de Salud, Producción y el INPI del 2012, que estableció lineamientos (guías) a los que se tiene que ajustar el INPI cuando analiza el pedido de una patente.
La Ley Argentina de Patentes, de 1995, adoptó las bases dispuestas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de la OMC, firmado el año anterior en la ronda de Uruguay. A partir de este convenio multilateral, que estableció el plazo de 20 años para las patentes, luego cada país es soberano en determinar qué es nuevo, qué tiene altura inventiva y qué tiene aplicabilidad industrial, tres requisitos para obtener las licencias. Pero hasta 2012, la normativa era ambigua, por lo que los laboratorios nacionales debían recurrir a la Justicia para pelear cada una de patentes otorgadas de manera poco transparente por el INPI.
Sucede que la actual ley de patentes es una traba para los laboratorios extranjeros quienes pretenden que el país ingrese al tratado PCT para quitar a la oficina nacional (INPI) la capacidad de otorgar patentes, pues el propio tratado asigna a algunos pocos países la realización de los informes internacionales de patentes necesarios para conceder o no, un monopolio por esos 20 años que actualmente establece la ley argentina, redactada para adecuarse a los ADPICs.
Así, las empresas norteamericanas que negociaron los TLC con Chile y Colombia, DR-CAFTA, CAN, NAFTA y TPP pretenden mayores plazos de protección de las patentes al introducir una cláusula por demoras imputables a la oficina de patentes, para el caso de supuestos atrasos en la concesión por problemas "burocráticos", extendiendo la protección por varios años más de los 20 ya existentes a partir de la fecha de solicitud.
Esto sumado al lobby para que el ministerio de salud y el ANMAT aprueben los 5 años de protección de datos de pruebas que impiden la apariciónn de medicamentos genéricos de laboratorios nacionales en el mercado. Que en el tratado TPP puede extenderse hasta 8 años.
El problema para ellos es que el MERCOSUR impide según su normativo, incorporarse a otros tratados de forma individual por lo que es imperioso para las corporaciones forzar la derogación de las mencionadas resoluciones administrativas del INPI que el propio gobierno de Macri puede deshacer con un simple decreto.
Los intereses estadounidenses en Argentina liderados por AmCham impulsaron la llegada de Obama para derrumbar la normativa que protege todavía la aparición de medicamentos genéricos en las farmacias y hospitales del país.
El CEO de Amcham en Argentina, Alejandro Díaz, lo expresó claramente en una respuesta al diario El Cronista:
— ¿Cuál es el interés en materia de propiedad intelectual? ¿Se espera alguna gestión en el marco de la visita de Obama?
— Lo que se pretende es que se dé cumplimiento a la Ley de Patentes Argentina. Para eso hay que revisar las últimas decisiones tomadas por resolución, las guías de patentabilidad, que están en contra del proceso de la ley. Además, los procesos de aprobación de las patentes son mucho más largos que en el resto del mundo. En cuanto a si será parte de la agenda de Obama, no lo sé, pero Propiedad inte lectual es uno de los cinco temas que EE.UU. ha planteado en los últimos 150 años en las negociaciones bilaterales. ¿Crees que a la Argentina lo va a excluir? Hay que romper con la famosa mística de los laboratorios nacionales y los importados y empezar a trabajar con la innovación y la tecnología.
