Telam.- La decisión del gobierno nacional de agilizar los trámites para otorgar
patentes químico farmacéuticas generó la reacción de los laboratorios de
capitales argentinos, que alertaron que tal medida favorece que los
productores extranjeros se queden con el negocio de comercialización de
medicamentos que mueve US$ 4.800 millones al año.
“Esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados”, explicó a Télam Eduardo Franciosi, el director ejecutivo de Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina (Cilfa), que nuclea a las compañías de origen nacional.
La resolución 56/2016 del INPI, con fecha del 12 de setiembre último, faculta a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4 de la ley 24.481, y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes, cuando se acredite que ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación que los aplicados por la Argentina.
Sin embargo, Franciosi indicó que esta medida “es una forma indirecta de dejar sin efecto las Pautas para el Examen de Patentabilidad de las Solicitudes de Patentes de Invenciones Químico-Farmacéuticas, establecidas para prevenir los efectos nocivos de la práctica del evergreening”.
En ese sentido, explicó que “el evergreening son las estrategias de empresas farmacéuticas multinacionales para obtener patentes para cambios triviales o sin importancia terapéutica de medicamentos ya existentes, con el propósito de extender la vida de la patente original”.
“Así, una misma invención que en teoría puede tener un máximo de 20 años de protección, por la estrategia del evergreening puede llegar a tener un monopolio de 40 o más años”, aseguró el ejecutivo del Cilfa.
Ante la consulta de Télam, desde el INPI y el Ministerio de Producción explicaron que por el momento no van a responder a la denuncia de los laboratorios nacionales, lo mismo que tampoco hubo una declaración de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que aglutina a las grandes multinacionales extranjeras, al requerimiento de esta agencia.
Los últimos números referidos a la industria farmacéutica en Argentina, proporcionados por los propios laboratorios, dan cuenta que entre el último trimestre de 2014 y el tercer trimestre del 2015 la facturación del sector, sin contabilizar el IVA, fue de $42.887 millones, que medidos en la cotización promedio del dólar en ese periodo da US$ 4.765 millones.
De este total, el 74,45%, $ 31.933 millones, correspondieron a productos fabricados en el país, tanto por laboratorios nacionales como extranjeros, y el resto fueron importados.
Además del Cilfa y Came, el sector se completa con la Cooperativa de Laboratorios Argentinos (Cooperala) y la Cámara Argentina de Medicamentos Genéricos (Capgen).
De acuerdo con un trabajo del Ministerio de Economía de junio de 2015 sobre el complejo farmacéutico, en la Argentina funcionan unos 250 laboratorios, pero los primeros 20 en facturación representan alrededor del 80% de las ventas totales.
Cuatro distribuidoras de medicamentos, controladas por laboratorios, concentran el 79% de las ventas.
Ellas son Rofina (de Roemmers Roemmers), Disprofarma Disprofarma (Bagó), Farmanet (Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (laboratorios estadounidenses).
Según un informe de la consultora IMS Health, el 77% del mercado minorista se canaliza a través de las distribuidoras; y las droguerías, por su parte, entregan medicamentos a las farmacias y a las instituciones de salud.
Existen 445 droguerías registradas, de las cuales cuatro concentran cerca del 70% del mercado: Droguería del Sud, Droguería Monroe Americana (Grupo Gomer), Droguería Suizo Argentina y Droguería Barracas.
“Las pautas argentinas establecieron criterios rigurosos para el examen de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”, explicó Franciosi, quien indicó que “la aplicación de estos criterios de patentabilidad tuvo efectos muy positivos para la salud pública, los consumidores y la competencia en el mercado farmacéutico en el período transcurrido entre mayo del 2012 y setiembre de 2015”.
El ejecutivo de Cilfa precisó que en ese periodo “se concedieron 159 patentes farmacéuticas, lo que significó una reducción del orden del 75% anual respecto a las otorgadas hasta el dictado de las pautas”, y añadió que “se denegaron aproximadamente 489 solicitudes”.
“De estas 489 patentes denegadas, sólo 22 casos fueron judicializados a fin de que se revocara la decisión denegatoria”, concluyó.
