Ciudad de Buenos Aires.- La ONG "Derechos del Inventor" denunció ante la Defensoría del Pueblo un fraude en perjuicio del Estado nacional y de los usuarios del sistema de patentes que se habría llevado a cabo en la Administración Nacional de Patentes dependiente del INPI argentino.
La ONG basa su denuncia en información recibida por uno de sus miembros en la que asegura tener conocimiento de la modificación de la situación administrativa y legal de solicitudes de patentes tramitadas en el INPI, días antes de la entrada en vigencia de la Resolución 56/16.
Derechos del Inventor asegura que la maniobra de modificar los registros administrativos de las solicitudes de patentes beneficiarían a determinados estudios de abogados que tramitan esa documentación en el INPI y que la Resolución 56 dictada por el INPI semanas antes de su entrada en vigencia fue la causante de la instigación del delito.
La ONG suministró información relacionada con el personal involucrado para poder realizar la alteración de los expedientes en papel y de los registros digitales de las solicitudes que reingresaron al circuito de análisis del patentabilidad y no al archivo de patentes.
La Defensoría del Pueblo se encuentra tramitando la solicitud de la ONG para tomar las medidas pertinentes de acuerdo a la normativa vigente que permite realizar demandas colectivas si se ven afectados derechos de los usuarios, en este caso del sistema de propiedad industrial.
