lanacion.com.ar.- La administración de Donald Trump volvió ayer a dejar
claro qué necesita de la Argentina parta volver a incluirla en el
sistema generalizado de preferencias arancelarias, estatus que el país
perdió en 2012 y le permitiría bajar costos para exportar a Estados
Unidos: que avancen los proyectos para defender la propiedad
intelectual, una cuestión controvertida para sectores de la producción
nacional.
Esa precondición fue el eje de una audiencia en la
Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, en
sus siglas en inglés), donde expusieron empresarios y funcionarios de
ambos países y se oyó un argumento que deja entrever las razones de las
reticencias del equipo de Trump: desde el lado exportador, los
ejecutivos valoraron los avances hechos por la Casa Rosada al respecto,
pero sostienen que existen todavía muchos "desafíos" sobre el resguardo
de la propiedad intelectual en la Argentina.
Las
preguntas que recibió del auditorio Miriam Chaves, directora de
Integración Económica para las Américas de la cancillería argentina,
fueron elocuentes.
De siete inquietudes que escuchó, cuatro fueron
directamente sobre ese controvertido tema. Ya Virginia Ávila,
representante del gobierno de Tucumán, había planteado que esa provincia
no se conformaría sólo con exportar limones hacia aquí: gracias a que
la Argentina fue excluida del sistema, la frutilla de esa provincia
nunca logró entrar en el mercado norteamericano.
Con
mayor o menor vehemencia, las posturas fueron coincidentes en el sector
privado. Andrés Alarcón, directivo de Arcor, se quejó del sobrecosto
que supone para la filial de esa compañía no poder importar desde la
Argentina y coincidió en el reclamo con su par norteamericano Shawn
Whitman, directivo de la fabricante de herbicidas FMC Corporation, que
planteó que la restricción le había generado pérdidas de competitividad
frente a firmas rusas y chinas y que la obligaron a cerrar operaciones
en una ciudad.
Para
las empresas argentinas es un horizonte atractivo. La vuelta al
programa de preferencias ocasionaría, de inmediato, una baja del 4,3%
promedio del costo para exportar. Y ése fue el eje sobre el que giró la
exposición de Alejandro Díaz, director ejecutivo de Amcham Argentina, la
cámara de comercio de Estados Unidos en Buenos Aires.
Díaz les
recordó a los presentes que el comercio bilateral entre ambas naciones
había permitido crear 88.000 puestos de trabajo en territorio
estadounidense y fue elogioso del gobierno de Macri. Pero dejó la
reunión permitiendo entrever que la administración Trump se tomará
tiempo para analizarlo: aunque coincidió con la Cancillería en que hubo
avances en los proyectos para defender los derechos de propiedad
intelectual de los fabricantes, dijo que quedaba "un largo desafío" para
terminar de remover las trabas definitivas.
