Reinaldo Guimarães | 2º vice-presidente da ABIFINA
"Es
un hecho que el problema del backlog ha alcanzado números cuya solución
no se alcanza a partir de la adopción de una medida cómoda. Cualquiera
sea la solución, será excepcional y de alto costo financiero e
institucional. Ante este cuadro grave y oneroso para el país ,
no se vislumbra una medida que no sea puntual y excepcionalísima. "Este
pasaje fue retirado de la justificación del Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual (INPI) con respecto a la propuesta que pretende
eliminar el backlog de las patentes, contenida en una Consulta Pública
reciente.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Estados Unidos, se procede a la concesión, a menos que el titular de la solicitud solicite la exclusión del mecanismo. Pido al lector retener la afirmación de que el mecanismo propuesto de instituir ac la oncación masiva de patentes debe entenderse como puntual y excepcional.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Estados Unidos, se procede a la concesión, a menos que el titular de la solicitud solicite la exclusión del mecanismo. Pido al lector retener la afirmación de que el mecanismo propuesto de instituir ac la oncación masiva de patentes debe entenderse como puntual y excepcional.
Hace mucho se sabe que el INPI presenta enormes dificultades para el efectivo cumplimiento de su misión. En
el plano operativo, hay gran carencia de recursos materiales, humanos y
de gestión que resultan en un tiempo inadmisiblemente largo entre el
depósito y la decisión final en cuanto al patentamiento de productos o
procesos. Según
el documento reciente del propio órgano, el denominado backlog está por
encima de 14 años para medicamentos, así como en el campo de las
telecomunicaciones. En otros segmentos industriales relevantes, el número no es muy diferente. De
acuerdo con el estudio, aunque se viene desarrollando desde hace muchos
años, el backlog aceleró intensamente en la última década. Entre 2007 y 2017, el inventario de pedidos pendientes de patentes aumentó de 126 mil a 231 mil en números redondos.
Concesiones masivas de patentes sin examen criterioso sobre sus impactos en la economía del país implican una pérdida importante de soberanía en un área en la cual ella debería ser obligatoria y estricta, tal como se presenta en los países industrializados de economía compleja. Es bien conocido el crecimiento de las presiones oriundas de estos "campeones de patentes" para armonizar globalmente los criterios y la cultura patrimonial según sus intereses comerciales.
Pocos países de porte, industrializados o en proceso avanzado de industrialización, poseen políticas de propiedad intelectual que dispensan un examen sustantivo con miras a la concesión de patentes. Uno de ellos es Sudáfrica que tradicionalmente sólo hace el examen de aspectos formales de los pedidos en un sistema exclusivamente cartorial (depository system) 1. El gobierno se ha empeñado en modificar la política en la dirección de abandonar la oficina y pasar a tener un sistema de exámenes sustantivos para equilibrar intereses comerciales y el interés público.
La propuesta presentada por el INPI camina en el sentido opuesto: de un sistema de examen sustantivo para un sistema cartorial, en el cual se examinar exclusivamente aspectos formales de las solicitudes con el objetivo de eliminar rápidamente el backlog. Sin embargo, el propio INPI considera que esa propuesta debe ser entendida como "puntual y excepcionalísima", lo que significa que deberá aplicarse para resolver una crisis (en cuanto tiempo, por dos o tres años hasta la concesión de la carta patente) y abandonada enseguida. En otros términos, corregir el pasado para que el futuro, sin backlog, pueda ser manejable. Pero es razonable argumentar que, volviendo al sistema de examen sustantivo con más de 30 mil nuevos depósitos al año, el backlog tenderá a recomponerse si otras medidas no se toman en el plano administrativofinanciero. Si esto se confirma, la medida "puntual y excepcionalísima" podrá tornarse permanente, estableciéndose en el país un nuevo estándar de política de propiedad intelectual en lo que se refiere a patentes, ahora definitivamente cartorial.
En el campo de comentarios generales del 'Formulario de Comentarios y Sugerencias' integrante de la Consulta Pública, la ABIFINA declaró que, incluso admitidas esas salvedades y contribuciones [hechas en otros campos del formulario], la propuesta en Consulta Pública debe ser considerada una medida de emergencia y no debe extenderse ni reanudarse. La vuelta a la normalidad en el proceso de examen de patentes es una imposición legal que debe respetarse. Para ello, al lado de esa medida de emergencia deben constar en el documento normativo [que implantará la norma] medidas concretas de reestructuración del INPI en los planes financieros (su transformación en autarquía especial), organizacional (contratación de examinadores en número adecuado) y patrimonial (solución definitiva del problema de su sed).
Concesiones masivas de patentes sin examen criterioso sobre sus impactos en la economía del país implican una pérdida importante de soberanía en un área en la cual ella debería ser obligatoria y estricta, tal como se presenta en los países industrializados de economía compleja. Es bien conocido el crecimiento de las presiones oriundas de estos "campeones de patentes" para armonizar globalmente los criterios y la cultura patrimonial según sus intereses comerciales.
Pocos países de porte, industrializados o en proceso avanzado de industrialización, poseen políticas de propiedad intelectual que dispensan un examen sustantivo con miras a la concesión de patentes. Uno de ellos es Sudáfrica que tradicionalmente sólo hace el examen de aspectos formales de los pedidos en un sistema exclusivamente cartorial (depository system) 1. El gobierno se ha empeñado en modificar la política en la dirección de abandonar la oficina y pasar a tener un sistema de exámenes sustantivos para equilibrar intereses comerciales y el interés público.
La propuesta presentada por el INPI camina en el sentido opuesto: de un sistema de examen sustantivo para un sistema cartorial, en el cual se examinar exclusivamente aspectos formales de las solicitudes con el objetivo de eliminar rápidamente el backlog. Sin embargo, el propio INPI considera que esa propuesta debe ser entendida como "puntual y excepcionalísima", lo que significa que deberá aplicarse para resolver una crisis (en cuanto tiempo, por dos o tres años hasta la concesión de la carta patente) y abandonada enseguida. En otros términos, corregir el pasado para que el futuro, sin backlog, pueda ser manejable. Pero es razonable argumentar que, volviendo al sistema de examen sustantivo con más de 30 mil nuevos depósitos al año, el backlog tenderá a recomponerse si otras medidas no se toman en el plano administrativofinanciero. Si esto se confirma, la medida "puntual y excepcionalísima" podrá tornarse permanente, estableciéndose en el país un nuevo estándar de política de propiedad intelectual en lo que se refiere a patentes, ahora definitivamente cartorial.
En el campo de comentarios generales del 'Formulario de Comentarios y Sugerencias' integrante de la Consulta Pública, la ABIFINA declaró que, incluso admitidas esas salvedades y contribuciones [hechas en otros campos del formulario], la propuesta en Consulta Pública debe ser considerada una medida de emergencia y no debe extenderse ni reanudarse. La vuelta a la normalidad en el proceso de examen de patentes es una imposición legal que debe respetarse. Para ello, al lado de esa medida de emergencia deben constar en el documento normativo [que implantará la norma] medidas concretas de reestructuración del INPI en los planes financieros (su transformación en autarquía especial), organizacional (contratación de examinadores en número adecuado) y patrimonial (solución definitiva del problema de su sed).
Entre
las prerrogativas de una autarquía especial está la expectativa de
poder utilizar directa e íntegramente los ingresos provenientes de su
actuación, sin intermediación del Tesoro Nacional. La
Ley Presupuestaria Anual de 2017 estimó los ingresos del INPI en R $
422,4 millones y autorizó la asignación anual de los gastos de costeo e
inversión del órgano en apenas 90,8 millones de dólares, sin tener en
cuenta los contingentes y techos financieros incidentes de
forma diseminada en el presupuesto federal en este año de 2017. En el
INPI, los cortes resultarán en sencillos R $ 50,2 millones para costeo e
inversión - casi la mitad del presupuesto - y sólo el 11,9% de los
recursos recaudados al prestar servicios descritos en su presupuesto misión institucional. Se
trata obviamente de una iniquidad intolerable y de un indicador de la
negligencia con que la política de propiedad industrial ha sido tratada
por sucesivos gobiernos brasileños. Para
corregir este problema, tramita en el Senado Federal el Proyecto de Ley
62/2017, propuesto por el senador Agripino Maia, que altera la Ley nº
5.648 / 1970 y determina que los valores recaudados con prestación de
servicios sean reinvestidos en el propio Instituto, sin el traspaso para el Tesoro Nacional que se hace actualmente. Veamos si el Ministerio de Hacienda estará de acuerdo con su aprobación y sanción presidencial.
"Concesiones masivas de pa tentes sin examen criterioso sobre sus
impactos en la economía del país implican una pérdida importante de
soberanía en un área en la cual ella debería ser obligatoria y estricta"
En
junio de 2015, aquí en esa misma FACTO, este autor alertaba que "a
pesar de la dedicación de su cuadro técnico, el INPI sufre varias
deficiencias en el terreno de personal y ese problema es, probablemente,
el principal componente del crecimiento del backlog. Esta
deficiencia se deriva de un bajo atractivo de la carrera en términos
salariales, lo que implica una alta tasa de rotación de examinadores
recién admitidos. Añade
a la deficiencia cuantitativa las desventajas cualitativas provocadas
por la dimisión de examinadores recién-entintados, derivados del bajo
atractivo salarial de la carrera "3. La
mayor evidencia de la escasez de examinadores está en la comparación de
la relación entre depósitos por examinador por año del INPI y el de la
oficina norteamericana de patentes (USPTO, por sus siglas en inglés). En 2016, esa relación fue de unos 114 depósitos por examinador en Brasil. En el USPTO, fue de cerca de 64, poco más de la mitad.
Es importante señalar que el INPI no está ajeno a esas dificultades. La
disposición de enfrentarlos sin renunciar a sus competencias y métodos
de trabajo tradicionales quedó nítida en mayo de 2017, cuando fue
presentado al ministro del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) su plan de trabajo para el año4. En
él, fueron destacados "el enfrentamiento del backlog (con priorización
del examen en segunda instancia), la solución de los problemas
inmobiliarios y la valorización de los servidores y de la carrera del
INPI". Con respecto específicamente al backlog de patentes, el plan preveía:
1. Reducción del 44% del backlog y aumento del 234% de la producción
técnica y de recursos y procesos administrativos de nulidad (segunda
instancia), en relación al año anterior;
2. Aumento del 60% de la producción de decisiones técnicas de
solicitudes de patentes en primera instancia sobre 2016 y del 93% con
respecto a 2015;
3. Aumento del 57% en la productividad individual de los examinadores
de patentes, en primera instancia, en comparación con 2015.
No
había, entonces, mención a propuestas de cambios estructurales
radicales como la contenida en la Consulta Pública aquí comentada. La
pregunta que queda es por qué ese valeroso plan de trabajo fue
sustituido por una propuesta tan problemática e inusitada, que
transforma el INPI en poco más que una oficina notarial? ¿Por
qué, en el corto espacio de tiempo entre mayo y agosto de 2017, la
dirección del órgano se convenció o fue convencida de que, en vez de
perseverar en el examen sustantivo de patentes y seguir persiguiendo las
medidas de reestructuración institucional con las que creo que ¿está de pleno acuerdo, decidió por el camino de una "cirugía de alto riesgo"? Por
qué eligió ese camino que, en el mejor de los casos, si efectivamente
es "puntual y excepcionalísimo", deberá establecer un notable aumento de
demandas judiciales derivadas de disputas entre patentes por
reivindicaciones similares que se conceden y, principalmente, por una
avalancha de patentes muy frágiles desde el punto de vista sustantivo, por lo tanto pasibles de contestación judicial? Y, en el peor de los casos, si se acciona cada vez que el backlog es
reconstituido por la dinámica tecnológica global, resultará en una
confesión de que, también en el campo de la política de propiedad
industrial, Brasil dejará de ser un país industrializado soberano.
