elciudadano.- La mañana de este lunes el
Colegio de Químico Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, en conjunto con
la Fundación Equidad Chile, manifestaron su rechazo a la sección de
medicamentos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP
11). Cabe recordar que la cuestionada iniciativa se votará este
miércoles en la Cámara de Diputados.
Básicamente, ambas organizaciones sostienen que el TPP11 perjudicará
al Estado en su rol de comprador y a los usuarios de la salud a la hora
de adquirir medicamentos.
Junto con desplegar un lienzo en el edificio del Colegio, el
presidente de la entidad, Mauricio Huberman; la presidenta de la
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, Mónica
Vargas, y el vocero y médico de Fundación Equidad Chile, Tomás
Lagomarsino, ofrecieron una conferencia de prensa en donde profundizaron
en sus cuestionamientos.
Lagomarsino explicó que “desde el 2012 que se negoció el Tratado
Transpacífico a puertas cerradas, accediendo solamente las industrias de
las distintas áreas, entre ellas la farmacéutica”. En ese sentido, el
médico apuntó que el TPP11 “no es inocuo”, sosteniendo que “no es
beneficioso que ingrese un LCD o un par de zapatillas más baratas a
nuestro país, o exportemos tal producto un poco en mejores condiciones,
si es que producto de ello vamos a tener medicamentos más caros o un
ambiente más contaminado”. “Esta balanza no está pareja y perjudica
justamente a personas como nosotros”, señaló.
Riesgo patente
“Se ha escuchado a muy poca gente, y siempre en el área más
comercial, y por eso es que nosotros estamos llamando a que esto vaya
también al área de salud, donde tenga otra visión. En el TPP original
nosotros pusimos muchas luces rojas justamente por el ámbito de la
salud, pero siempre se ha tratado de evadir la salud para tratar de
pasar esto como un gol comercial que trae un beneficio para ciertos
sectores. Uno tiene que ver bien efectivamente en qué ámbitos nos va a
favorecer, en qué ámbitos Chile saca ventajas; yo no lo tengo claro
todavía”, sostuvo al respecto Mauricio Huberman.
En ese sentido, el presidente del Colegio de Químico Farmacéuticos y
Bioquímicos explicó que una de las peticiones que hace en el ámbito de
la salud la industria internacional es que si la FDA -la agencia del
gobierno de los Estados Unidos que regula los medicamentos- o la EMA -su
símil en Europa- les aprueban una “innovación”, esta pase a Chile de
forma directa sin ser visada por el Instituto de Salud Pública (ISP) y
adquiera una nueva patente para ser comercializada.
El problema, según añade Huberman, radicaría en que ya han tratado de
hacer pasar algunos medicamentos como “inventivos” cuando en realidad
se ha tratado solo de un cambio en el proceso de productividad, logrando
tres o cinco años más de patente. “Ese tipo de cosas, donde en Chile el
ISP aparezca como un buzón que tiene que aceptar todo lo de afuera, no
nos parece adecuado y es otra forma para mantener más tiempo productos
caros en el mercado sin ninguna justificación ni innovación, sin ninguna
invención real”, apunta el representante de la organización gremial.
Y
como han advertido anteriormente las organizaciones vinculadas al tema
de la salud frente al TPP11, el asunto de las patentes es central en sus
cuestionamientos. “Se están terminando muchas patentes, entonces
quieren que en al menos 5 años no pueda entrar la competencia y así
ellos puedan tener un estándar de medicamentos más caros en Chile,
porque se mantiene la patente vigente o renuevan esta patente ‘engañosa’
que les mencionaba; entonces por un lado tienen dos años y por el otro
tres, y suman cinco años de patente”, detalla el profesional.
Una situación que -dice Huberman- “va en desmedro de nuestros
pacientes. Cuando hay productos que son bioequivalentes, similares, de
la misma calidad, comprobados por la industria, que han tenido todos los
procesos adecuados y pueden ser -tal como ocurrió con la hepatitis- 60
veces más baratos, o -con la Ley Ricarte Soto- un 86%, aparece la
competencia que va a bajar los precios, y eso es lo que no quieren
hacer. Y nosotros no queremos aceptar que nos mantengan precios caros
por 5, 6 o 7 años más”.
