NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James hoy se unió a una coalición de 44 estados, liderada por el Fiscal General de Connecticut William Tong, en una moción para revelar detalles de su acusación contra los laboratorios farmacéuticos Teva y otras 19 de las principales farmacéuticas de la nación.
En la demanda presentada el 10 de mayo, en la Corte Federal del Distrito de Connecticut, se acusa a las compañías de conspirar para secreta y artificalmente subir y manipular los precios de las medicinas, frenar la competencia en el mercado de medicamentos genéricos, e irrazonablemente restringir el comercio de más de 100 productos.
“La evidencia presentada en esta demanda demuestra que se trataba de un plan continuo que seguían para estafar a los consumidores para llenar los bolsillos de las farmacéuticas—y el pueblo estadounidense merece ver esa evidencia,” informó la Fiscal General Letitia James. “Estas compañías intencionalmente alteraban los precios de ciertos medicamentos, aprovechándose de millones de individuos que dependían de estas medicinas para mantenerse en buenas condiciones de salud. Seguiremos abogando por la publicación de estos datos, y para que estas compañías paguen su deceptivo y peligroso comportamiento.”
En la acusación, los Fiscales Estatales alegan que las empresas Teva, Sandoz, Mylan, Pfizer, y otros 16 fabricantes de medicamentos genéricos participaron en una conspiración amplia, coordinada y sistemática para inflar los precios, dividirse las cuotas del mercado en vez de competir bajando precios, y manipular licitaciones fraudulentamente. Sus prácticas afectaron los precios de más de 100 productos genéricos de diferentes tipos: tabletas, cápsulas, suspensiones, cremas, pomadas, y gels; y de todos tipos: antibióticos, anti-depresivos, anti-hipertensivos, beta-bloqueantes, anticonceptivo, estatinas, medicinas no-esteroideos, y anti-inflamatorios. Se usan para tratar una gran variedad de enfermedades y condiciones de salud—desde infecciones básicas a diabetes, cancer, epilepsia, esclerosis múltiple, VIH, trastorno por déficit de atención (ADHD), y otras más. En algunos casos, los aumentos de precios sobrepasron en 1,000 por ciento.
La mayoría los pacientes afectados residen en los estados de EEUU, y Puerto Rico.
Según la demanda, altos ejecutivos de estas empresas competidoras llegaban a acuerdos sobre su plan en cenas, almuerzos, fiestas informales, torneos de golf, y eventos corporativos. Además, solían comunicarse por llamadas telefónicas, correos-electrónicos, y mensajes de texto que siembran las semillas de sus acuerdos ilegales. En la acusación, se explica cómo los acusados usaban términos como “cuota equitativa”, “rival responsable”, y “juego útil en la caja de arena” para describir la forma en que, ilícitamente desincentivaban la competencia, aumentaban los precios, y conllevaban a una arraigada cultura de colusión.
