Agencias
El Congreso Nacional derogó el Decreto 462/2025, firmado por el Poder Ejecutivo en julio, que había dispuesto la disolución o transformación de organismos como el INTA, el INTI, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
La medida fue primero rechazada en la Cámara de Diputados a comienzos de agosto, y luego ratificada por el Senado semanas más tarde, lo que implicó la derogación formal del decreto y la plena restitución de las estructuras institucionales previas. El proyecto de derogación aprobado en ambas cámaras ordenó comunicar la decisión al Poder Ejecutivo, cerrando así el capítulo legislativo.
Vuelve la autarquía del INPI
Con la derogación, el INPI recupera su condición de ente autárquico, con presupuesto y gestión propios. Esto devuelve al instituto la independencia técnica en el análisis de patentes y marcas, evitando la subordinación directa a lineamientos políticos coyunturales.
Reacciones en el sector farmacéutico
La decisión fue celebrada tanto por las farmacéuticas internacionales como por los laboratorios nacionales.
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Para las compañías extranjeras, especialmente estadounidenses y europeas, el retorno a la autarquía del INPI significa seguridad jurídica en el registro de medicamentos, biotecnología y desarrollos de I+D, fundamentales para sostener estrategias de inversión en la región.
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Para los laboratorios nacionales, la medida asegura un marco regulatorio más estable y previsible, además de procesos administrativos menos expuestos a interferencias políticas, lo que facilita la competencia en condiciones más claras.
Un mensaje de estabilidad institucional
Especialistas subrayan que la autarquía del INPI permite al país mantener el cumplimiento de compromisos internacionales como los fijados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aun pendiente de adhesión.
La derogación del decreto, impulsada en el Congreso con apoyo de bloques opositores y sectores productivos, fue interpretada como una señal de estabilidad institucional hacia la comunidad científica y empresarial.
En definitiva, la decisión legislativa no solo preserva la capacidad técnica de organismos estratégicos, sino que también envía un mensaje positivo al sector farmacéutico en su conjunto, tanto nacional como internacional, al garantizar que la protección de la propiedad industrial en Argentina seguirá bajo un sistema independiente y confiable.
