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El Informe Especial 301 (el «Informe») es el resultado de un examen anual del estado de la protección y
la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en los socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) lleva a cabo de conformidad con la sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, en su versión modificada
Argentina
En 2026, Argentina pasa de la Lista de Vigilancia Prioritaria a la Lista de Vigilancia gracias a sus esfuerzos por abordar importantes problemas relacionados con la propiedad intelectual.
En febrero de 2026, Argentina firmó un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos, en virtud del cual Argentina asumió compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al reforzar la protección de la propiedad intelectual (PI) y dar prioridad a la lucha contra el robo de propiedad intelectual. Esto incluye avanzar en una serie de tratados internacionales clave sobre PI y tomar medidas para resolver muchos problemas de PI de larga data identificados en el Informe Especial 301.
Estas medidas incluyen la elaboración de informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de los retrasos en el proceso de concesión de patentes, el refuerzo de la aplicación de la ley penal mediante la garantía de sanciones disuasorias, incluidas multas más elevadas y penas de prisión para la falsificación por parte de redes delictivas organizadas, la concesión de facultades de oficio para la, incluso para las mercancías en tránsito, establecer un órgano de coordinación para los organismos encargados de la aplicación de la propiedad intelectual y evaluar la estructura institucional y las competencias de los órganos judiciales y fiscales, así como promulgar legislación que respalde acciones civiles eficaces, incluidas medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.
Argentina también adoptará medidas para reducir el número de solicitudes de patente pendientes, aumentar las redadas y las incautaciones en mercados y centros de distribución conocidos por sus actividades ilícitas, desarrollar una estrategia nacional de aplicación de la ley para combatir la piratería y la falsificación, recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual, hacer cumplir la responsabilidad de los propietarios respecto a los inquilinos que se dedican a la venta de productos falsificados y pirateados, modificar el Código Penal para abordar la elusión de las medidas tecnológicas de protección y la eliminación de la información sobre la gestión de derechos, promover la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet (ISP), los titulares de derechos y otras partes interesadas, e investigar y emprender acciones penales contra los operadores de sitios web con sede en Argentina que se dedican a la piratería de derechos de autor a escala comercial.
Argentina también se ha comprometido a adoptar disposiciones innovadoras que preservarán el acceso actual y futuro al mercado estadounidense para los productores de queso y carne de EE. UU. que dependen del uso de denominaciones comunes. Esto implica garantizar que el acceso al mercado no se vea restringido por el mero uso de determinados términos relacionados con el queso y la carne. Argentina se ha comprometido a aplicar normas estrictas de transparencia y equidad en materia de protección de las indicaciones geográficas (IG) y a garantizar que los productos estadounidenses puedan seguir utilizando términos que han sido protegidos injustamente como IG.
Cabe destacar que, en marzo de 2026, Argentina dio un paso importante en el marco del ARTI al derogar las restricciones indebidamente amplias sobre los objetos patentables en el ámbito de las patentes farmacéuticas, entre las que se incluían las directrices de examen de patentes que rechazaban automáticamente las solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones, así como los requisitos de que los procesos de fabricación de los compuestos activos descritos en una memoria descriptiva fueran reproducibles y aplicables a escala industrial. Estados Unidos supervisará la aplicación de los compromisos del ARTI.
Sin embargo, Argentina sigue planteando retos de larga data a las industrias intensivas en propiedad intelectual, incluidas las de Estados Unidos. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Argentina sigue siendo un reto, tanto en los mercados físicos como en Internet. Los mercados físicos de La Salada y Barrio Once en Buenos Aires fueron señalados de nuevo como mercados notorios en el Informe de 2025 sobre mercados notorios de falsificación y piratería (Lista de Mercados Notorios), y los pedidos en línea de productos falsificados continúan a través de plataformas de redes sociales asociadas con La Salada.
Aunque un fiscal federal, mediante una orden judicial, dirigió 60 redadas simultáneas en La Salada y sus alrededores en 2025, aunque esto haya dado lugar a múltiples detenciones, la policía argentina no suele actuar de oficio, y los procesos judiciales pueden estancarse y prolongarse debido a un exceso de trámites burocráticos. Además, cuando una causa penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas disuasorias.
En lo que respecta a la piratería de derechos de autor en Internet, Argentina también ha intensificado sus esfuerzos para combatir la piratería en línea mediante varias operaciones de gran repercusión. Por ejemplo, una operación interinstitucional en la que participaron la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía Provincial de Buenos Aires y la Policía Federal desmanteló un destacado servicio ilegal de televisión por protocolo de Internet (IPTV) denominado Magis TV Pro. Esta operación ha dado lugar a cuatro detenciones y una condena. Aunque las fuerzas del orden argentinas han realizado algunas detenciones relacionadas con casos de piratería en línea, esta sigue creciendo a pesar de estos esfuerzos de lucha contra la delincuencia.
En consecuencia, la protección de la propiedad intelectual en Internet en Argentina consiste principalmente en que los titulares de derechos intenten convencer a los proveedores de servicios de Internet argentinos de que retiren determinadas obras infractoras, así como en intentar obtener medidas cautelares en procedimientos civiles, procesos que pueden resultar largos e ineficaces.
La creación de una fiscalía federal especializada en propiedad intelectual y de una unidad de aplicación de la ley bien formada podría contribuir a combatir la piratería en Internet, así como a evitar largos procesos judiciales con resoluciones contradictorias.
Para abordar estas cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley, Estados Unidos alienta a que se hagan cumplir las leyes relativas a la responsabilidad de los propietarios y se refuerce la aplicación de la ley en lo que respecta a la venta de productos infractores en mercados al aire libre como La Salada y Barrio Once, así como a que se modifique la ley de marcas para aumentar las sanciones penales por la falsificación llevada a cabo por redes delictivas.
Las revisiones del Código Penal que se habían presentado al Congreso de Argentina, incluidas ciertas sanciones penales por eludir las medidas tecnológicas de protección, se han estancado. Estados Unidos también anima a Argentina a crear una estrategia nacional de aplicación de la propiedad intelectual para mejorar la coordinación interinstitucional en las iniciativas de aplicación y avanzar hacia un impacto sostenible y duradero en las infracciones de la propiedad intelectual.
En lo que respecta a las patentes y cuestiones relacionadas, las partes interesadas afirman que las restricciones de Argentina en materia de patentabilidad de las innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren de la norma vigente en muchos otros países. Otro desafío constante para los innovadores sectores químico-agrícola y farmacéutico es la protección insuficiente frente al uso comercial desleal, así como a la divulgación no autorizada, de datos de ensayos no divulgados u otros datos generados para obtener la autorización de comercialización de productos en dichos sectores.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) sigue funcionando con un número reducido de examinadores de patentes, y los limitados recursos plantean dificultades para la contratación y la retención de personal. En 2025, el INPI informó de que había reducido el retraso en la tramitación de las solicitudes de patente, aunque las partes interesadas siguen señalando los largos retrasos en
la tramitación de las solicitudes de patente, que duran una media de seis a siete años.
En lo que respecta a las indicaciones geográficas (IG), Estados Unidos insta a Argentina a garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las IG, así como a velar por que la concesión de dicha protección no prive a las partes interesadas de la posibilidad de utilizar nombres comunes, especialmente ahora que Argentina avanza en la negociación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR.
Estados Unidos también seguirá participando a través del Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico entre Estados Unidos y Argentina, creado en virtud del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA) entre Estados Unidos y Argentina, para continuar las conversaciones y la colaboración en estos ámbitos.
