Tribuna de México
Este 30 de abril de 2026, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente que México ha sido retirado de su lista prioritaria de vigilancia en materia de propiedad intelectual.
La salida de esta lista es un hito para la economía de México, ya que reduce las fricciones comerciales con su principal socio dentro del T-MEC. Según el reporte de la USTR, las autoridades mexicanas han incrementado la eficiencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y han mejorado la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para desmantelar redes de distribución de mercancía ilícita, tanto en mercados físicos como en plataformas digitales.
Este avance se logra tras años de presión por parte de industrias del software, farmacéuticas y del entretenimiento, quienes exigían un cumplimiento más riguroso de las normas de propiedad intelectual. Con este cambio de estatus, el país deja de ser considerado una de las naciones con mayores deficiencias en la protección de patentes y derechos de autor, lo que facilita la llegada de inversión extranjera directa y fortalece la confianza de las empresas tecnológicas en el mercado nacional.
Antecedentes y desafíos en la vigilancia comercial de la USTR Históricamente, México permaneció en la lista prioritaria de la USTR debido a la proliferación de mercados notorios como Tepito en la CDMX y el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara. Estos puntos de venta han sido señalados por años como centros de distribución masiva de productos falsificados. Sin embargo, la implementación de nuevas reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la creación de unidades especializadas en ciberdelincuencia han sido determinantes para que el gobierno de Joe Biden suavizara su postura hacia el país.
A pesar de este avance, la USTR mantiene a México bajo un esquema de “vigilancia ordinaria”, lo que significa que el monitoreo continuará para asegurar que no existan retrocesos en la lucha contra la piratería digital y el robo de señales de cable. Las estadísticas de la Secretaría de Economía sugieren que la protección efectiva de la propiedad intelectual podría representar un incremento de hasta el 1.5% en el PIB anual si se logra reducir la brecha del mercado informal, que aún afecta a miles de creadores y emprendedores locales.
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