AFINPI
Al mismo tiempo que la AFINPI buscó, mediante una acción civil pública, poner fin a la subcontratación de las actividades fundamentales del INPI, la Cámara de Diputados reanudó la tramitación de un proyecto de ley que llevaba casi siete años estancado, el PL 2334/2019, que modifica la Ley de Propiedad Industrial para permitir que el INPI celebre «acuerdos» con el fin de realizar actos supuestamente preliminares a la toma de decisiones en las solicitudes de patentes.
El enlace al estado de tramitación del asunto se encuentra a continuación:
https://www.camara.leg.br/
Resulta muy extraño que este proceso haya resurgido al mismo tiempo que la Acción Civil Pública interpuesta por la AFINPI contra el INPI.
¿A quién le interesa la privatización del examen de patentes? ¿A quién le interesa la firma de «acuerdos» con entidades para privatizar el examen de patentes? ¿A quién le interesa la extensión del plazo de protección de las patentes? ¿Quién impulsó el resurgimiento de este proyecto de ley?
El proyecto de ley, elaborado en 2019, partía de una premisa que ya no es válida, a saber, un supuesto retraso de más de 11 años en la concesión de derechos, lo cual ya no se sostiene. Según datos del propio INPI, el plazo a partir de la solicitud de examen de una solicitud oscila entre dos años (textiles y productos relacionados) y cinco años (telecomunicaciones). También hay que tener en cuenta que el propio método de medición no toma en cuenta las acciones de los propios solicitantes o de sus competidores, las cuales pueden retrasar aún más el examen.
Esta métrica adoptada sigue sin tomar en cuenta el factor MÁS GRAVE, es decir, la FALTA de profesionales en las más diversas áreas del INPI. El Gobierno Federal NO autoriza la reposición de personal mediante CONCURSO PÚBLICO. Incluso cuando se contrata a funcionarios, no se ofrece una remuneración ADECUADA, por lo que estas personas, capacitadas y preparadas con recursos PÚBLICOS del INPI, terminan yéndose a otros segmentos del sector público y de la iniciativa privada, debido al DESFASE SALARIAL ya ampliamente difundido.
Una autorización legislativa para la celebración de «convenios» no acelerará los plazos de examen. Por el contrario, dicha autorización podría contribuir a MÁS RETRASOS en el examen, ya que un escenario de mayor retraso justifica un mayor GASTO de dinero público con entidades privadas, tal como ya ocurrió en un pasado no muy lejano, cuando aún estaba vigente el párrafo único del art. 40 de la LPI.
Además, el riesgo de conflicto de intereses no hace más que aumentar con la posibilidad de tales “acuerdos”, ya que estas supuestas entidades del tercer sector están relacionadas directa o indirectamente con el sector productivo, con los propios usuarios del sistema de propiedad industrial.
La Junta Directiva de AFINPI ya se ha puesto en contacto con la Cámara de Diputados y el Senado Federal para dar seguimiento a la tramitación de este proyecto de ley 2334/2019, y solicitará una audiencia pública para abordar el tema.
Además de la Acción Civil Pública, advertimos que los funcionarios del INPI deben mantenerse movilizados contra cualquier intento de privatización directa o indirecta del servicio público.
NO a la privatización, NO al proyecto de ley 2334/2019.
