USTR-Traducción: Obsupat.-
Argentina permanece en la Lista de Vigilancia Prioritaria de 2016, ya que continúa presentando una serie de deficiencias de larga data y bien conocidas en la protección y aplicación de los DPI, y se ha convertido en un mercado extremadamente desafiante para las industrias intensivas en IPR. Sin embargo, los Estados Unidos esperan que el recién elegido gobierno del Presidente Mauricio Macri se involucre de manera más productiva para mejorar la protección y aplicación de los DPI en Argentina, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación.
Un desafío importante en Argentina es la falta de cumplimiento efectivo de los DPI por parte del gobierno nacional. La policía argentina no toma acciones ex officio, los juicios pueden detenerse, los casos pueden languidecer en excesivas formalidades y, incluso cuando una investigación criminal llega a juicio final, los infractores no reciben penas disuasivas. En términos de falsificación física y piratería, el notorio mercado La Salada en Buenos Aires es uno de los mayores mercados al aire libre de América Latina que ofrece productos falsificados y piratas y sigue creciendo. Los esfuerzos de la Ciudad de Buenos Aires en 2014 para combatir la creciente ilegalidad en el mercado recibieron poca ayuda del gobierno nacional y no tuvieron éxito. Las recientes incursiones en almacenes y el compromiso público de la administración Macri de combatir el crecimiento de los mercados callejeros ilegales envían una señal positiva. Mientras que la piratería de derechos de autor de discos ópticos es generalizada, la piratería en Internet es una preocupación creciente. Las tasas de piratería en Internet se aproximan al 100 por ciento en varias áreas de contenido. Por ejemplo, el célebre mercado argentino Cuevana, que ofrece películas piratas y programas de televisión, se expandió en 2015 para incluir una aplicación de streaming móvil. La aplicación criminal es casi inexistente. Como resultado, la aplicación de los DPI en Argentina consiste principalmente de titulares de derechos que tratan de convencer a los proveedores argentinos cooperativos en línea para que acepten deshacerse de las obras infractoras específicas, así como intentar solicitar medidas cautelares en los casos civiles. Los titulares de derechos también citan el uso generalizado de software no autorizado por empresas privadas argentinas y el gobierno.
Por último, la innovación en los sectores de la química agrícola, la biotecnología y la farmacéutica plantea una serie de desafíos, incluso en lo que respecta a la pendencia de patentes, el alcance y la duración de la protección mediante patentes, y las opciones de aplicación eficaces. A los Estados Unidos le sigue preocupando que la Argentina no parezca proporcionar una protección adecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada de datos no revelados u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos químicos farmacéuticos o agrícolas. Argentina sólo proporciona protección de patentes a partir de la fecha de concesión de la patente y no ofrece protección provisional para patentes pendientes. Existe un considerable atraso en las solicitudes de patente, lo que provoca largos retrasos en el registro de los derechos. Argentina rechaza solicitudes de patentes con reclamaciones de productos farmacéuticos comunes. Para ser patentable, Argentina requiere que los procesos para la fabricación de compuestos activos descritos en una especificación sean reproducibles y aplicables a escala industrial. La industria también afirma que la Resolución 283/2015, introducida en septiembre de 2015, limita la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales, incluidas las biológicas. Estas medidas limitan la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger sus derechos de propiedad intelectual y parecen incompatibles con la práctica internacional.
