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El abogado del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja y expresidente del INPI, Dámaso Pardo, indicó en un escrito, las acciones que deberá tomar el gobierno argentino en el Acuerdo de Comercio e Inversión recíproca, celebrado en Washington con el gobierno de Donald Trump, en materia de propiedad intelectual.
Lo que esta en juego, señala el abogado y ex presidente del INPI durante el gobierno de Mauricio Macri, son los criterios de patentabilidad, el atraso en el examen de patentes y las indicaciones geográficas, así como una alineación más amplia del marco de propiedad intelectual argentino con los estándares internacionales.
Según vaticina Dámaso Pardo, "La administración del presidente Javier Milei se verá obligada a modificar ciertas regulaciones y a ratificar tratados de propiedad intelectual, situando este tema en el centro de las conversaciones en curso y enfocándose en dos medidas principales: derogar una Resolución Conjunta de 2012, que endureció el examen de patentes farmacéuticas, y avanzar en la ratificación de tratados internacionales clave en la materia, incluido el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Protocolo de Madrid y el Arreglo de La Haya, entre otros.
Pardo hace una defensa extrema de los intereses de las empresas farmacéuticas transnacionales y desde su estudio jurídico afirma en su escrito:
"En el centro del debate, se encuentra la Resolución Conjunta de 2012 (MI 118/12, MS 546/12, INPI 107/12), adoptada en 2012 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida introdujo criterios sumamente restrictivos de examen para invenciones químico‑farmacéuticas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), prohibiendo la protección a la mayoría de los productos farmacéuticos y frenando lo que los innovadores describen como vías habituales de protección para mejoras posteriores".
Para Dámaso Pardo, quien no logró derogar las directrices de patentamiento mientras dirigió el INPI "Las directrices redujeron drásticamente la patentabilidad de nuevas formas de sustancias conocidas, regímenes de dosificación, combinaciones sin sinergia demostrada y reivindicaciones de segundo uso médico, entre otras categorías, lo que derivó en una escasa concesión de patentes en esa área de la industria, trámites más prolongados y alcances de reivindicación más acotados. Las empresas farmacéuticas de investigación sostienen desde hace años que este marco desalienta la inversión en I+D de alto riesgo y coloca a Argentina en desventaja frente a jurisdicciones que aplican estándares más próximos al Convenio sobre la Patente Europea o a Estados Unidos".
Aclara en su manifiesto contra las empresas farmacéuticas argentinas que "los fabricantes nacionales de genéricos —representados por cámaras como CILFA— han respaldado históricamente los criterios más estrictos, presentándolos como una herramienta necesaria para prevenir el evergreening y proteger la salud pública. Las acciones judiciales promovidas por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) para anular el régimen de 2012 no han logrado revertirlo. En un reciente fallo de primera instancia del 9 de octubre de 2025, el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N. º 1 confirmó la validez de las directrices de 2012 y de las medidas administrativas asociadas, al considerarlas compatibles con la Ley de Patentes de la Argentina y con las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). El tribunal enfatizó que las directrices operan como instrucciones internas para los examinadores, y no como nuevos requisitos legales, y subrayó que el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de derogarlas. La sentencia es apelable ante instancias superiores".
Hoja de Ruta de los Tratados Internacionales
Pardo avanza en sus recomendaciones/instrucciones al gobierno de Milei: "En paralelo con los cambios de política internos, Argentina avanza hacia una mayor integración con sistemas multilaterales de propiedad intelectual largamente utilizados por la gran mayoría de países del mundo -160 países en el caso del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), siendo Argentina el único país junto a Venezuela en América Latina que todavía no es miembro- y promovidos por sus socios comerciales. Dado que el Senado aprobó el PCT en 1998, su ratificación definitiva solo requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, trámite que el gobierno deberá completar en forma prioritaria y posiblemente antes de finales de 2025. Posteriormente, el país deberá avanzar en la adopción del Protocolo de Madrid para marcas y del Arreglo de La Haya para diseños industriales, así como de otros tratados internacionales, antes del final del mandato de Javier Milei en 2027. De concretarse, estos pasos simplificarían la protección transfronteriza de patentes, marcas y diseños, y acercarían el sistema argentino a las prácticas de la gran mayoría de países en la materia.
En relación a los tratados internacionales, el camino por delante depende en gran parte de los acuerdos legislativos. Sin embargo, con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre de 2025, funcionarios gubernamentales y actores de la industria se preparan para debates de gran alcance sobre los contornos de la política de propiedad intelectual de Argentina. Si bien es posible que continúen en paralelo nuevos procesos judiciales, el Poder Ejecutivo tiene la potestad para derogar o reemplazar las directrices de 2012, dejando los planteos judiciales sobre los criterios de patentamiento de productos farmacéuticos como una cuestión abstracta. Por ahora, el marco conjunto entre Estados Unidos y Argentina constituye la señal más clara de que Argentina busca recalibrar sus normas de propiedad intelectual conforme a estándares internacionales, preparando el terreno para un nuevo capítulo en materia de comercio, inversión e innovación.
Dámaso Pardo es uno de los principales lobbistas en materia de propiedad industrial y como agente, gestiona patentes y marcas ante el INPI, fue integrante del estudio PAGBAM y luego presidente del INPI (2016-2019), período en el que firmó el primer programa "piloto" de aceleración de patentes (PPH, siglas en inglés) con la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés), aunque también ratificado de forma permanente en 2021.
