Por Diego Lanese
La decisión del gobierno de desregular los derechos de exclusividad de los medicamentos pone en alerta a laboratorios y farmacias, que temen que el impacto de la medida reduzca la actividad, y con ello el empleo. Además, temen que haya un aumento en los precios que complique el acceso.
Con un par de decisiones conocidas esta semana, el gobierno nacional profundizó su alineamiento con la política sanitaria de los Estados Unidos. Desde la visita de su secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., se comenzaron a acercar las posturas, empezando por la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se concretó hace unos días. Además, se dejó de aplicar de forma obligatoria la vacuna contra el Covid-19, como parte de los cuestionamientos hacia la entidad internacional. Ahora, el país dio un paso más, y como parte del acuerdo de libre comercio con el país del norte anunció un proceso de desregulación de las patentes de los medicamentos.
En concreto, se eliminaron una serie de restricciones que se imponían para que los laboratorios multinacionales cobren por la producción local de los productos, lo que permite tener algunos fármacos más baratos, desde genéricos hasta terapias de alto costo. La medida sorprendió porque no estaba en el radar mediático, y puso en alerta a varios sectores. Por un lado, especialistas en salud pública creen que la primera consecuencia será un aumento de algunos medicamentos. En tanto, en la industria farmacéutica y el sector minorista de farmacias temen que la aplicación de patentes afecte el nivel de actividad, y con ello el empleo “podemos ser la próxima industria textil”, alertaron.
Mediante una resolución conjunta entre los ministerios de Economía y Salud, y el del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se decidió la desregulación del sistema de patentes para medicamentos, una medida que según la cartera sanitaria busca “la modernización” de estos mecanismos. Según se informó, la gestión de Javier Milei avanzó en la “modernización del régimen de propiedad intelectual aplicado al sector farmacéutico mediante la derogación de una normativa vigente desde 2012 que imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes”. A partir de la resolución Conjunta 1/2026, la Argentina adopta “un esquema alineado con estándares internacionales, donde las solicitudes de patentes serán evaluadas caso por caso según los criterios generales de la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
La reforma fortalece “el rol técnico del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), permitiéndole analizar cada innovación sin restricciones adicionales que, en la práctica, limitaban el desarrollo y la llegada de nuevas tecnologías farmacéuticas al país”. En este nuevo marco, la ecuación dicen en el Ministerio de Salud "es clara": más protección a la innovación es igual a más empresas que traen sus terapias a Argentina y a un acceso más rápido a los mejores tratamientos.
En concreto, se eliminan las llamadas Guías de Patentabilidad, creadas en el 2012 para permitir la producción de algunos tratamientos en el país sin pagar derechos de patente. Esto no sólo permitió un mayor acceso a la salud de millones de personas, sino además robusteció la industria farmacéutica, que ahora puede perder parte de su actividad. “Hay mucha incertidumbre”, le dijo a Data Gremial un referente del sector, que espera que haya más señales desde el gobierno para saber cómo se implementará esta desregulación.
Más allá de esto, admitió que “la industria nacional siempre se mantuvo a distancia de Estados Unidos y Europa, y el dique de contención con estas guías”. Sin ellas, se puede caer el nivel de actividad, y con ello el empleo. “El sector se puede convertir en la industria textil, o la industria de los alimentos o cualquier que no pueda competir con las importaciones. El Estado se lava la mano pero mantiene altos los impuestos”, aseguró esta misma fuente. En el país, la cámara de laboratorios nacionales CILFA emitió un documento donde expresa su postura, y si bien no se enfrentó de manera directa con la medida del gobierno alertó sobre las consecuencias que puede traer la medida.
Advertencia
Para los laboratorios nacionales, es clave lo que pueda hacer el INPI a partir de este nuevo paradigma. “Confiamos en la idoneidad y la capacidad técnica del INPI para que continúe realizando el análisis de patentabilidad de manera rigurosa y sobre bases científicas, concediendo patentes a auténticas innovaciones farmacéuticas y rechazando las patentes de evergreening”, afirmaron desde CILFA, mediante un comunicado.
Según su mirada, “la cuestión trasciende el interés privado de las empresas que CILFA representa y afecta, lisa y llanamente, el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos”. “Resulta imprescindible mantener una política pública clara y sólida que preserve la competencia en el mercado farmacéutico, de modo que los pacientes y el sistema de salud puedan acceder a medicamentos genéricos y biosimilares a menor precio, sin dilaciones artificiales e indebidas de años”, afirmaron.
