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martes, 19 de febrero de 2013

Japon aumentara "contribuciones voluntarias" a oficina mundial de propiedad intelectual

 
Akira Amari, Ministro de Comercio, y el Director General de la OMPI (Foto: OMPI/Kenichiro Natsume)

El Director General de la Oficina Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry, aplaudió la promesa del Gobierno del Japón de aumentar significativamente las "contribuciones voluntarias" para financiar los recursos destinados a la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades de los países en desarrollo.
Gurry dijo en su visita a Tokio realiza hace algunos dias, que esta iniciativa refleja el compromiso del Japón para fortalecer su contribución a las actividades de la OMPI desde el establecimiento del programa de fondos fiduciarios en 1987 destinado a financiar actividades relacionadas con la Propiedad Intelectual en los países en desarrollo relacionadas a equipamientos de oficinas nacionales, propaganda, capacitacion y actividades de lobby en favor de las principales empresas monopolicas globalizadas.

lunes, 28 de enero de 2013

Ranking 2012 de las Oficinas de Propiedad Intelectual de Latinoamérica y El Caribe



 
Tarso López

El año 2012 ha sido un nuevo año victorioso para las empresas transnacionales que comercializan sus bienes y servicios protegidos monopólicamente a través de las marcas, patentes y derechos de autor. Estos tres instrumentos de la propiedad industrial o intelectual favorecen en mayor grado a las empresas extranjeras que a los propios Estados nacionales.
Sin embargo, las oficinas de marcas, patentes o registros autorales nacionales aplican la supeditada a los acuerdos TRIPS-ADPICs regulados por la OMC/OMPI y contrarios a los intereses de la economía regional y local.
La OMPI, el gobierno de los Estados Unidos a traves de la USRT y AmCham, la OMC controlan las oficnas de propiedad industrial/inteletcual y a los máximos funcionarios quienes se prestan a favorecer los intereses de las empresas estadounidenses, canadienses y europeas.
Con estrategias similares de dominación y propaganda cooptaron a las autoridades de varios países que se han vendido a estos oscuros intereses que muestran a estos mecanismos de libre comercio como panacea para el desarrollo económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental.

viernes, 25 de enero de 2013

Argentina: Universidad del Opus Dei y OMPI organizan posgrado de propiedad intelectual


 



Buenos Aires, 25 de enero.- Un curso regional en propiedad intelectual ha sido anunciado para el año 2013 organizado por la Universidad Austral (UA), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La Universidad Austral pertenece al apostolado corporativo de la Prelatura del Opus Dei y tiene fuertes vínculos con la Embajada de Estados Unidos en Argentina y el Grupo Clarín.
El posgrado en propiedad intelectual lanzado conjuntamente por una organización del Estado argentino (INPI) y la Universidad del Opus Dei tratará aspectos relacionados con los tratados internacionales en materia de radiodifusión y la protección de medios de comunicación, la protección de semillas transgénicas, las patentes de medicamentos y las industrias culturales. Estas ramas de la industria se encuentran mayoritariamente en propiedad de grupos monopólicos transnacionales.

martes, 22 de enero de 2013

Argentina: lanzan postgrado en propiedad intelectual auspiciado por el Opus Dei y el Grupo Clarín

 
Buenos Aires, 21 de enero de 2013.- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI-AR) dependiente del Ministerio de Producción,  la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la facultad de derecho de la Universidad Austral (perteneciente al Opus Dei) lanzarán en el mes de abril la primera edición de una Maestría Regional de Propiedad Intelectual alineada a intereses privados. La institución católica Opus Dei fue recientemente vinculada a la Embajada de EE UU y al Grupo Clarín por financiar viajes y eventos de propiedad intelectual con la participación de jueces argentinos que debían decidir sobre el conflicto que el monopolio mantiene con el gobierno de Cristina Fernández relacionado con la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales (aún no aplicada luego de tres años de sancionada por el Congreso Nacional).