Las
oficinas de Propiedad Intelectual en Latinoamérica y El Caribe
están dirigidas por funcionarios que favorecen intereses de los Estados
Unidos de manera abierta y flagrante. La Revista Novo elaboró un breve
Ranking con sus más destacados exponentes.
INPI Brasil:
un caso excepcional –en el que su director, Jorge Ávila, intentó realizar un
acuerdo en materia de examen de patentes con la Oficina de Marcas y Patentes de
los Estados Unidos (USPTO) en el momento exacto de la visita de Obama a Brasil.
La trampa fue alertada por diputados y organizaciones no gubernamentales de la
salud, quienes lograron
bloquear la entrega de soberanía brasileña al momento de otorgar un derecho
de explotación de una patente.
Como si esto fuera
poco Ávila
negocio la incorporación de Brasil al tratado internacional de Marcas (Sistema
de Madrid) que favorece a las grandes firmas globales instaladas en ese país.
Asimismo propone patentar los programas de software, la biodiversidad, las
medicinas de segundo uso: un verdadero delegado
de OMPI y las transnacionales en el gobierno de Dilma.
INPI Argentina: otro caso de un funcionario representante
de intereses extranjeros en un gobierno progresista que permanece desde el
gobierno de Eduardo Duhalde. Mario
Aramburu –ratificado por un tercer período de 4 años- es quien hace de director
de orquesta del proyecto piloto PROSUR, plan de los Estados Unidos y
OMPI/OMC para crear un organismo suramericano de patentes y marcas
controlado por las transnacionales y sus estudios de abogados.
Luego
de frenarse el ALCA en 2005, las transnacionales avanzan por otros medios de la
mano del poderoso lobby farmacéutico y biotecnológico de Estados Unidos que
jaquea las políticas de propiedad industrial en Argentina.
DGPI- Paraguay: un bochornoso
Decreto que gravó con un “Cánon Digital” o tasa por uso presunto de obras
audiovisuales sin permiso del autor (compañias discográficas y productoras cinematográficas
de Estados Unidos) fue auspiciado por el director del organismo de propiedad
intelectual, Agustín Saguier, quien colabora con la embajada de Estados Unidos,
y asume actitudes de lesa traición con sus compatriotas presiona a estudiantes
utilizando a la “Piratería” haciendo campañas financiadas por USAID con 200.000
dólares.
IEPI Ecuador: un caso de discurso hegemónico muy sutil: su
director, Andrés Ycaza Mantilla, dice estar comprometido con la creación
intelectual y su protección lanzando la campaña “Ecuador Crea” y que el
fisco pierde impuestos por “piratería”, un discurso similar al de las
transnacionales de EE. UU. y OMPI, cuando él sabe perfectamente que los denominados
“creadores” protegidos son grandes empresas disqueras y productoras
audiovisuales estadounidenses y muy pocos son quienes se favorecen, pues nadie
se atreve a cambiar las leyes que perjudican a los verdaderos autores.
Anteriormente
Realizó una engañosa campaña "Ecuador original" induciendo falsamente
a defender los derechos autorales de artistas ecuatorianos. La “piratería” se
sabe es utilizada para criminalizar a los trabajadores informales.
Acuerda
con OMPI la participación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en
el proyecto PROSUR, realiza
junto a OMPI (una especie de FMI de la propiedad intelectual) un Taller
sobre Marcas en su propio país. El presidente Correa no parece advertirlo.
Durante
la Asamblea anual de OMPI en Ginebra, instaba a ver lo que sucedía –nada bueno
para el pueblo ecuatoriano- desde su
twitter.
ONAPI Dominicana: destacada ficha de OMPI en El
Caribe. Por los compromisos asumidos en las
negociaciones del DR-CAFTA entre República Dominicana, Centroamérica y Estados
Unidos firmó un Tratado
sobre el Derecho de Marcas (TLT) que ata de pies y manos a ese país.
Su director, Enrique Ramírez hace alarde al ser invitado exclusivo de OMPI
por la supuesta eficacia administrativa del organismo a su cargo, realizó una misa para
recibir ayuda en la reducción del back-log (patentes en trámite acumuladas) que
colapsan su oficina. Un verdadero "ejemplo" para el resto de Centroamérica y El Caribe.
