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Las empresas farmacéuticas intentan expandirse y controlar los mercados en cada rincón del globo.
En el mundo, Alemania es la principal productora de medicamentos, con el 14,4% del total de las ventas a nivel global. El segundo puesto es de Suiza, con 12,4%, mientras que el tercer lugar lo ocupa Bélgica, con el 11,8%. Estados Unidos se encuentra en la cuarta ubicación, con el 9,5% del total de las ventas. Luego sigue Irlanda (8,3%), Francia (4,8%), Países Bajos e Italia (4,5%), China (4,2%) y Reino Unido (3,2%). En tanto, que el resto del mundo nuclea el 22,4% de las participaciones del mercado comercial farmacéutico.
En Argentina, se ha desarrollado a lo largo del siglo XX una mediana
industria que se ha mantenido sobreviviendo hasta ahora, aunque son varias las
amenazas que surgen en el actual momento político ultraliberal por el
que atraviesa el país.
Según datos de la propia industria, el 79% de la producción está en manos de empresas nacionales (agrupadas en cámaras como CILFA, COOPERALA, COFA, FACAF, FEFARA, AFMSRA y FARMASUR), mientras que el 21% responde a compañías multinacionales (CAeME). El sector de fabricación de medicamentos cuenta con 229 plantas industriales/manofactureras instaladas en el país, de las cuales 181 son empresas de capitales nacionales: en total trabajan para el sector unos 48.000 empleados, según datos de la propia industria.
El 87% de los establecimientos están radicados en Buenos Aires: en CABA (51,9%) y Gran Buenos Aires (35,2%). El resto se distribuye en Santa Fe (6,5%), Córdoba (3,2%), Entre Ríos (0,9%) y Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego (todas ellas con el 0,5%).
Anmat e INPI regulan medicamentos y patentes.
Para poder operar, las plantas industriales deben ser habilitadas y
aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (Anmat), que implementa las guías vigentes de buenas
prácticas de manufactura de la Pharmaceutical Convention Scheme (PIC´S). La Anmat decide quien produce y/o comercializa en el país mediante la aprobación de los registros sanitarios. Quien controla la Anmat, controla el mercado de medicamentos.
En Argentina la industria factura actualmente unos 6.700 millones de dólares por año. Según CILFA, las ventas están concentradas en las principales firmas: las primeras 10 facturan casi el 51% y las primeras 20, el 71% del total.
Laboratorio /Origen/ Facturación en millones de dólares (Fuente CEPA, origen CILFA)
1 ROEMMERS Nacional USD 538,0
2 ELEA PHOENIX Nacional USD 497,0
3 CASASCO Nacional USD 404,0
4 GADOR Nacional USD 386,0
5 MONTPELLIER Nacional USD 332,0
6 BALIARDA Nacional USD 327,0
7 RAFFO Nacional USD 318,0
8 BAGO Nacional USD 318,0
9 BAYER Extranjero USD 207,0
10 SANOFI AVENTIS Extranjero USD 203,0
11 GSK Extranjero USD 201,0
12 NOVO-NORDISK Extranjero USD 181,0
13 PFIZER Extranjero USD 158,0
14 BERNABO Nacional USD 143,0
15 INVESTI Nacional USD 136,0
16 GENOMMA Extranjero USD 124,0
17 TEVA Nacional USD 121,0
18 ANDROMACO Nacional USD 118,0
19 BOEHRINGER ING Extranjero USD 114,0
20 ASTRAZENECA Extranjero USD 107,
En los últimos días, se desató una polémica entre el ministro de desregulación y la industria farmacéutica por el intento de importar medicamentos desde la India: ante los elevados precios en el país, acudió al ministerio de salud nacional para que la Anmat aprobara el ingreso de medicinas indias. La ley de medicamentos vigente, no permite que Anmat autorice importaciones a nivel nacional desde determinados países.
Las empresas locales protestaron ante el ministerio de economía por la amenaza a sus negocios, mientras que las farmacéuticas extranjeras mantuvieron silencio: la medida afectaría principalmente a medicamentos genéricos de fabricación nacional.
A esta polémica inicial, se sumó y le imprimió más volumen político, la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desafió al presidente Milei a desregular el comercio de medicamentos para permitir el acceso de la población a medicinas asequibles, pues los aumentos en los precios fijados por las empresas farmacéuticas que dominan el mercado han superado con creces a la elevada inflación declarada por el propio gobierno.
A continuación el gobierno redujo sus gastos en provisión de medicamentos destinados a la obra social PAMI, renegociando las ganancias de la industria farmacéutica aunque reduciendo el acceso a la medicación consumida por la población adulta del país.
Patentes farmacéuticas
El control del mercado de medicamentos requiere además de regular el ingreso y la producción local, de la regulación de patentes farmacéuticas para completar el mecanismo mediante el cual las empresas mantienen sus multi-millonarias ganancias.
Para patentar en territorio argentino o para registrar una marca, las empresas deben dirigirse al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), El organismo regula las patentes farmacéuticas en Argentina, como lo hace la USPTO en USA, o el INPI de Brasil. Aplica la ley de patentes y las directrices de examen de patentes farmacéuticas y biotecnológicas.
El 85 % de las solicitudes de patentes provienen de empresas extranjeras. Del total, el 41% de las patentes solicitadas pertenecen a empresas estadounidenses, de allí se desprende el poder de lobby de la Cámara de comercio de EEUU en el país (AmCham), CAeME y la Embajada en Buenos Aires. Su presión de cabildeo permanente opera sobre los diputados y senadores dispuestos a aprobar o derogar leyes que beneficien a las firmas que extraen ganancias del territorio argentino.
Las empresas principalmente extranjeras realizan gran parte de sus solicitudes de patentes por medio de Agentes de la Propiedad Industrial de estudios de abogados debidamente para gestionar por ante el propio INPI (vea aquí). Los principales agentes pertenecen como socios o empleados a los estudios jurídicos tales como Marval, OFarrel, Breur, Obligado, PAGBAM, Otamendi, Coll Areco, De las Carreras, Sena, Richelet o Brochou & Funes de Rioja, solo por mencionar algunos, que suelen agruparse en la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI). En 2016 esta agrupación de agentes intentó derogar las directrices de patentamiento aunque no logró transpasar esa linea roja aún.
A lo largo de los años y en todos los gobiernos han impulsado buena parte de las normativas y resoluciones que actualmente rigen la aplicación de las leyes de patentes, marcas, transferencia de tecnología o modelos industriales vigentes para generar ganancias de forma monopólica por el mayor período de tiempo posible.
Bajo el dominio de los estudios de abogados que multiplican sus ganancias gestionando marcas y patentes, el INPI es la herramienta para controlar el mercado de las patentes y en particular las farmacéticas y biotecnológicas: en una nueva iniciativa lograron ingresar al congreso la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para completar la tarea en la Argentina.
Actualmente y desde diciembre de 2023 con la llegada al gobierno de Javier Milei, ese Instituto se encuentra dirigido por un abogado y agente de la propiedad industrial, quien ha tomado resoluciones en favor de oficinas extranjeras y sus socios agentes de propiedad industrial, debilitando desde adentro las políticas de propiedad industrial que permitirían un mejor acceso de la población a sus necesarios medicamentos a precios justos.
