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Desde hace décadas, muchas de las
principales economías del mundo —como Estados Unidos, Canadá y la Unión
Europea— reconocen que, en sectores altamente regulados como el
farmacéutico, las patentes enfrentan una limitación estructural: cuando
el Estado exige una autorización regulatoria previa a la
comercialización de un producto asociado a una patente, el titular
pierde parte del tiempo durante el cual puede explotarla.


















