Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry (en el centro), a su derecha en la imagen, el Director del IEPI ecuatoriano, Andrés Icaza. Foto: mundinews.com
Una normativa propuesta por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) a sugerencia de organismos internacionales en la materia, impondrá una tasa adicional del 4% al 10% a la importación de todo aparato reproductor de música y video, como teléfonos celulares, computadoras personales, tablets, elementos activos de la red de telefonía móvil, así como dispositivos de soporte (CD, DVD, etc).
El IEPI prepara actualmente el reglamento que se aplicará a la resolución sobre Remuneración Compensatoria por Copia Privada (RCCP) o
Cánon Digital de los equipos tecnológicos, y revisa la lista de dispositivos a las que afectará.
La finalidad de este controvertido canon es, de acuerdo a organizaciones internacionales de propiedad intelectual "compensar a los artistas nacionales que se verían perjudicados cuando su música se reproduce ilegalmente a través de estos dispositivos", sin embargo los fondos recaudados serán administrados por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce)
El IEPI, dirigido por
Andrés Icaza, con fuertes lazos de cooperación con el Director de la OMPI,
Francis Gurry, lanzó un
comunicado el día 10 de diciembre donde explica que el procedimiento en el cual trabajan no es un impuesto y que se ampara en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana vigente. El comunicado recalca que la ley vigente ya establece la RCCP en sus artículos 105 al 108, por lo que el proyecto en el que se encuentran trabajando es el de la implementación de la RCCP, así como la distribución de la compensación que se recaude.
El comunicado añadió: "Se desinforma cuando se afirma que existe un impuesto a descargas, o un cargo tributario dirigido al Servicio de Rentas Internas, al Servicio de Aduanas o directamente al IEPI por cada descarga que se realiza. Eso es falso y contiene una intencionalidad deliberada para confundir a los usuarios".
Especialistas acusan a Ycaza de lobista de las corporaciones audiovisuales y comparan esta medida a similares de México y España (
Ley Sinde), aqunue ostaculizada por internautas en
Paraguay y
Argentina