23 noviembre 2012
Sectores
del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de
Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo
proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por
las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política
nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las
consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares,
pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado
interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
