La Nación.- La discusión por patentes volvió a la escena y reabrió
una histórica grieta entre el Gobierno y los laboratorios nacionales,
que ya se aprestan a hacerla pública con diversas denuncias ante la
justicia y publicaciones en medios masivos.
El disparador fue la
Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI), que estableció, en pocas palabras, que los estudios realizados
por oficinas nacionales de patentes de otros países podían ser
considerados a la hora de otorgar o negar un pedido en la Argentina.